Esta semana el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un auxilio financiero de $4.200 millones para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), una medida dispuesta de emergencia para garantizar la sustentabilidad operativa del organismo encargado de la cobranza tributaria. El paquete de salvataje fue formalizado mediante la Resolución 320/2026 del Ministerio de Economía, con la firma del titular de la cartera, Pablo López.

En este sentido, la norma autorizó un refuerzo proveniente de las contribuciones del Tesoro provincial por $4.200 millones, al que se suma una reasignación interna de partidas y una transferencia dentro del propio presupuesto del ente recaudador por otros $240 millones, totalizando una inyección superior a los $4.440 millones.

La readecuación presupuestaria refleja el complejo cuadro de situación que atraviesan los ingresos fiscales bonaerenses, condicionados por la retracción del mercado interno y la merma en la liquidación de tributos provinciales esenciales. La recaudación registrativa de la Provincia atraviesa su rendimiento más bajo desde 2017, con un impacto severo en la liquidación de las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos. En ese marco, los niveles de ventas en el comercio minorista registran pisos inferiores a los medidos durante la crisis de 2001, afectando directamente la base imponible del distrito.

Hay que destacar que, aunque los datos de ARBA muestran un leve incremento real del 0,2% en los recursos propios en lo que va del año, el propio Cristian Girard advirtió que el cálculo se realiza sobre una base de comparación profundamente deprimida, definiendo el escenario como "niveles de pandemia pero sin el virus".

Aunque los considerandos del articulado firmado por el ministro López fundamentan la transferencia en la necesidad de "atender gastos inherentes al normal funcionamiento del organismo", la medida se concreta en medio de un clima de creciente malestar salarial en distintas dependencias de la administración pública provincial.

Semanas atrás, los trabajadores del Registro de la Propiedad encabezaron jornadas de protesta y medidas de fuerza en reclamo de recomposiciones de haberes y la denuncia por el deterioro salarial de la planta civil. En este marco, el auxilio económico busca blindar la capacidad operativa de ARBA para evitar la parálisis de los mostradores de fiscalización en un momento donde la Gobernación requiere maximizar el flujo de recursos para equilibrar sus balances públicos.