Frente a la proliferación de reclamos gremiales y legislativos por los fuertes incrementos en los trámites de habilitación para el transporte de pasajeros y de carga, el Gobierno provincial salió a deslindar responsabilidades de gestión. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aclaró que el aumento de costos y la reestructuración en la emisión de licencias profesionales responden a disposiciones normativas del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei, disponiendo como medida de alivio una prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos en curso.

Desde la cartera conducida por Martín Marinucci salieron al cruce de las críticas que atribuían los ajustes tarifarios a la administración de Axel Kicillof. Según explicaron desde el ministerio, las nuevas reglas surgen de la aplicación del Decreto 196/2025 del Gobierno Nacional, disposición que derogó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como credencial independiente y transfirió la habilitación a las Licencias Nacionales de Conducir profesionales (clases C, D y E), cuya emisión médica y teórica quedó monopolizada por prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Uno de los principales ejes de conflicto planteados por el Ministerio de Transporte bonaerense apunta a la desregulación en la fijación de aranceles y la escasa oferta de centros examinadores en el territorio. La reforma impulsada por la Casa Rosada no fijó una tarifa de referencia nacional, por lo que los valores de los exámenes psicofísicos y capacitaciones son fijados de forma libre por cada prestador privado, sin intervención de la Provincia ni de los Centros de Emisión municipales.

A su vez, debido a la escasez de consultorios privados habilitados por la ANSV en el interior bonaerense, se dictó un plazo de gracia de 60 días para evitar que choferes de camiones y colectivos queden inhabilitados por demoras ajenas a su voluntad. En ciudades como Mar del Plata, la Federación Nacional de Conductores de Taxi denunció que el carácter jurisdiccional del nuevo carnet limita su operatividad en accesos estratégicos como el Aeropuerto Astor Piazzolla, el Puerto y la zona de balnearios de Punta Mogotes, calificando a la medida nacional de "netamente recaudatoria".

En medio del debate por el impacto de los aranceles privados, la bancada de diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA) presentó una iniciativa en la Legislatura bonaerense para que el Estado absorba el 100% del costo de obtención o renovación de licencias profesionales para el personal policial, de salud pública y de bomberos:

“Las personas que integran las fuerzas de seguridad, la Defensa Civil, el SAME y, muy especialmente, los bomberos voluntarios, quienes desempeñan su tarea de forma altruista y desinteresada, utilicen estas licencias para cumplir funciones que el propio Estado les encomienda. Trasladar la carga económica de un examen profesional privado a un voluntario que conduce un vehículo de emergencia implica una distorsión que el Estado debe corregir garantizando la gratuidad del trámite”, detallan los fundamentos del bloque libertario.

Con la prórroga de dos meses vigente, la Provincia de Buenos Aires buscará mediar ante la ANSV para que se amplíe la nómina de prestadores registrados y se fijen pautas que eviten distorsiones de precios en el mercado de licencias profesionales.