La gestión del sistema de salud pública en el municipio de Esteban Echeverría quedó envuelta en un grave conflicto judicial y sanitario cuando medicos y técnicos del Hospital Municipal Sofía T. de Santamarina denunciaron que el tomógrafo del nosocomio funcionó clandestinamente y sin habilitación durante seis años, exponiendo de manera continuada a profesionales y pacientes a elevados niveles de contaminación radioactiva.

Según dejó trascender el portal Cronos Noticias, la presentación penal, radicada en los Tribunales de Lomas de Zamora bajo el expediente 9838-LZ, pone bajo la lupa la responsabilidad institucional del intendente Fernando Gray y de las autoridades de la Secretaría de Salud local, por no haber adecuado la infraestructura edilicia a las normativas de la Ley Nacional de Radiofísica Sanitaria N.º 17.557.

El conflicto estalló en febrero de este año a partir de un relevamiento impulsado por la nueva jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, la Dra. Laura Deluca, quien advirtió valores anómalos y riesgosos en los dosímetros que miden la radiación acumulada en el personal técnico. Una inspección encargada a la firma especializada OFIUKO SRL confirmó severas anomalías estructurales, y se constató una alta dispersión de radiación dentro del búnker de comandos, el habitáculo blindado donde operan los radiólogos. Teniendo en cuenta que una tomografía de tórax equivale a más de 200 placas de rayos X, el personal estuvo expuesto a emisiones acumulativas nocivas desde 2019.

Por otro lado, se pudo saber que las puertas y divisorias de las áreas de mamografía y rayos X no contaban con los recubrimientos de plomo reglamentarios. En ese sentido, el equipo Philips Ingenuity 32C, incorporado en 2019 durante la gestión de la exsecretaria de Salud Paula Ferraris, recién inició el trámite de habilitación en la Provincia en marzo de 2026 bajo el estatus "A.I.P. en trámite", confirmando seis años de operatividad al margen de los controles.

Ante la contundencia de los peritajes, el tomógrafo fue desafectado inmediatamente para frenar el impacto en la salud del personal. "El tomógrafo no se puede prender; no está habilitado por Radiofísica ni por la Provincia de Buenos Aires", determinó la directiva interna. La demanda judicial también salpica la asignación de cargos jerárquicos. De acuerdo con la legislación vigente, la jefatura del área exige el curso obligatorio en Radiofísica Sanitaria, requisito que habría sido pasado por alto en anteriores gestiones del servicio.

Cabe destacar que, tras la paralización del servicio y el reclamo de los trabajadores, la Secretaría de Obras Públicas municipal, a cargo de Sergio Bennet, aprobó a comienzos de abril la orden de gasto N.º 10-2374 por un monto de 18.573.000 pesos. Los trabajos, adjudicados para la adecuación "llave en mano" del búnker, incluyen el plomado de muros, la colocación de ventanas con vidrios plomados de 300 kilos y la reconstrucción de paneles de durlock con pasta plomada.

Mientras la obra de adecuación avanza con seis años de demora, la Justicia de Lomas de Zamora avanza en la determinación de las responsabilidades penales, laborales y administrativas que salpican al Ejecutivo comunal a cargo de Fernando Gray por la exposición prolongada de la comunidad y los trabajadores a material radioactivo.