En el marco de la reorganización presupuestaria impuesta por la recesión y la baja en las transferencias de fondos nacionales hacia las arcas provinciales, la administración bonaerense instrumentó un mecanismo de reasignación financiera. A través de la Resolución 1573 del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Provincia de Buenos Aires autorizó el uso de excedentes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para pagar deudas con proveedores del programa MESA Bonaerense, respondiendo a las obligaciones impagas de los meses de marzo y abril.

La disposición, firmada por el ministro Andrés Larroque, se enmarca en el esquema adoptado tras la suspensión temporaria del programa MESA desde el 1° de mayo por un plazo de 90 días, una medida justificada en la declaración de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires. La resolución no habilita partidas presupuestarias extraordinarias, sino que faculta a los entes ejecutores locales a utilizar recursos que no llegaron a ejecutarse.

La reasignación de partidas presupuestarias estará sujeta a una serie de requisitos técnicos y contables previstos en la normativa para garantizar la transparencia del trámite. En este marco, la utilización de los sobrantes del SAE se limita de forma estricta a los fondos rotulados bajo el rubro Alimentos, excluyendo cualquier remanente destinado a infraestructura, equipamiento o logística escolar.

De esta manera, los municipios y consejos escolares contarán con diez días hábiles para notificar a la Dirección del Sistema Alimentario Escolar el monto exacto disponible en las cuentas bancarias del SAE. Una vez que la Dirección valide los saldos informados, autorizará la transferencia interna desde las cuentas del SAE hacia las cuentas específicas del programa MESA para cancelar las liquidaciones adeudadas a los proveedores locales.

El programa MESA Bonaerense, puesto en marcha en 2022 para garantizar la entrega de módulos alimentarios mensuales a familias vulnerables con alumnos en escuelas públicas, sufrió las consecuencias de la tensión fiscal de la Provincia. Con la parálisis de envíos desde la Nación, la Gobernación optó por discontinuar momentáneamente las entregas y buscar mecanismos de compensación sin sumar presión al erario provincial.

Con esta ingeniería contable, el Ejecutivo bonaerense busca regularizar los compromisos asumidos con los comerciantes y distribuidores de alimentos de los 135 distritos, evitando la acumulación de intereses o mora con los proveedores mientras dura el período de reestructuración de la asistencia social en el territorio.