Mientras la Legislatura bonaerense analiza una batería de proyectos presentados por distintos bloques para modificar el esquema operativo y penal, entidades del sector Seguridad advierten sobre un preocupante deterioro en la capacidad de patrullaje de la Policía Bonaerense, condicionado por el incremento constante de bajas y renuncias de personal.

En las comisiones parlamentarias coexisten iniciativas dirigidas a reestructurar tanto la competencia judicial de las fuerzas como la adquisición de insumos tecnológicos para el combate del delito.

El Poder Legislativo aborda diversas propuestas presentadas por senadores y diputados provinciales que buscan ajustar el marco legal vigente. En ese sentido, el senador y exministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, presentó un proyecto para derogar la Ley Provincial N.º 13.392. La iniciativa busca devolver la competencia exclusiva de los delitos vinculados al narcomenudeo a la Justicia Federal, argumentando que la persecución provincial no obtuvo los resultados esperados.

Por su parte, Berni impulsa además modificaciones en la carrera policial que exigen títulos expeditos por el Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich” u otras instituciones como condición para ascender en el escalafón.

A su vez, el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) impulsa iniciativas para autorizar el uso de pistolas Taser y armas de baja letalidad en la fuerza, además de la creación de la Plataforma Multiagencial de Emergencias para centralizar las llamadas de auxilio. Finalmente, proyectos como el presentado por el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos) junto a legisladores de otros bloques buscan endurecer las condiciones procesales para los delincuentes reincidentes.

En forma paralela al debate legislativo, se encendieron las alarmas por la pérdida sostenida de personal en la fuerza de seguridad. Luis Tonil, titular de la Defensoría Policial, brindó precisiones sobre la evolución de las bajas oficiales en los últimos años. “Las bajas oficiales fueron 260 en 2023, 715 en 2024 y 1.130 en 2025. Para este año, hasta el mes de junio, se registraron 1.475”, detalló, agregando que a las renuncias formales se suman pedidos de licencias médicas, psiquiátricas y abandonos de servicio.

Entre las causas principales del desgranamiento, el referente apuntó al atraso salarial, estimando un haber promedio de $900.000 para un efectivo bonaerense, cifra que contrasta con los salarios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires o los valores del sector de seguridad privada.

Según el titular de la Defensoría, la falta de personal impacta de forma directa en la operatividad diaria de los comandos de patrulla en distintos municipios.