La causa judicial que investiga la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas ingresó en una nueva etapa procesal tras la aceptación de la ONG local Mirada Ciudadana como particular damnificado. El abogado patrocinante de la entidad, César Sivo, confirmó que la Justicia ordenó las primeras medidas de prueba y cuestionó con dureza el proceso licitatorio impulsado por el municipio de General Pueyrredon, afirmando que el trámite presentó irregularidades en todas sus fases.

El proceso en investigación pone el foco en la licitación aprobada por el Concejo Deliberante durante la gestión municipal de Guillermo Montenegro, continuada luego bajo el interinato de Agustín Neme, mediante la cual se adjudicó el predio a la firma Minella Stadium S.A. por un periodo de 30 años con opción a prórroga.

Entre los argumentos centrales presentados por la querella, Sivo sostuvo la hipótesis de que la licitación estuvo preacordada antes del llamado formal, señalando inconsistencias en la conformación de la sociedad comercial. Acorde a lo que se pudo saber, según el letrado, Minella Stadium S.A. fue constituida antes de la convocatoria oficial y de la publicación de las exigencias del pliego de bases y condiciones.

A su vez, la querella argumentó que la firma carecía de patrimonio y fondos propios para afrontar la inversión proyectada de 40 millones de dólares, dependiendo únicamente de una carta de crédito que no garantizaba el ingreso de los fondos. En ese marco, desde la ONG remarcaron que no se ejecutaron las obras pactadas y denunciaron que la firma acumula más de 220 millones de pesos en cheques rechazados, deudas con proveedores y cortes de suministro eléctrico por falta de pago.

A su vez, la querella vinculó al grupo inversor con el conglomerado brasileño REAG/Revee, actualmente bajo investigación en su país de origen en el marco del denominado Caso Banco Master. Otro punto destacado por la representación legal de la ONG es la cláusula del contrato que exige dirimir eventuales rescisiones ante tribunales arbitrales internacionales como el CIADI y cortes extranjeras. Según Sivo, este esquema "está diseñado para blindar al privado y dificultar que el municipio recupere el control del complejo".

En cuanto a los avances del expediente penal, donde se investigan presuntas figuras como fraude contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de deberes y malversación de caudales, la Justicia comenzó a emitir oficios de requerimiento de información a diversos organismos:

Entre las entidades a las que se solicitó informes figuran el Banco Central, la Inspección General de Justicia, el Concejo Deliberante, la AFA, el Ente Administrador del Estadio Único de La Plata, ARCA y empresas de servicios públicos como EDEA y Camuzzi.

Por último, la querella criticó la postura del gobierno municipal por mantener la validez del contrato ante el deterioro de la situación del predio y adelantó que representantes de la ONG viajarán a Brasil para recolectar nueva documentación para la causa.