La ejecución de la obra pública en el distrito de Villa Gesell sumó un nuevo capítulo de confrontación política e institucional cuando el bloque de concejales del PRO presentó un informe en el que denunció presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una obra proyectada con financiamiento del Gobierno nacional que se encuentra paralizada desde 2023.
De acuerdo a lo que dejó trascender el medios Cronos Noticias, el proyecto fue licitado en 2021 con un presupuesto de 36 millones de pesos y adjudicado a la firma Mafra Construcciones S.A.S. El edificio, pensado para albergar a la primera infancia con salas maternales, cocina, áreas administrativas y espacios recreativos, registró su último certificado de avance en abril de 2023 con apenas un 42,25% de la estructura completada.

El relevamiento presentado por la bancada opositora pone el foco en el manejo de las partidas presupuestarias y la falta de celeridad en los controles municipales. En ese sentido, destacaron que la Comuna transfirió un anticipo financiero cercano al 30% del valor del contrato (aproximadamente 10,8 millones de pesos), y que las intimaciones administrativas a la contratista sufrieron marcadas demoras debido a que la empresa no funcionaba en el domicilio legal declarado. Según reportes de la Secretaría de Hacienda municipal citados por los ediles, la firma mantendría un pasivo superior a los 21 millones de pesos en concepto de anticipos no rendidos e intereses.
Ante este escenario, la administración comunal inició los trámites para ejecutar las garantías de contrato e impulsar demandas judiciales con el fin de recuperar los fondos. Por su parte, los concejales del PRO exigieron explicaciones pormenorizadas sobre los mecanismos de fiscalización aplicados durante la ejecución de los trabajos.

La denuncia sobre el CDI se da en el marco de una creciente tirantez entre la administración del intendente Gustavo Barrera y el cuerpo deliberativo local, tras episodios recientes como el rechazo del Presupuesto 2026, demandas salariales y cuestionamientos a la gestión contable.
Desde la Intendencia atribuyen la paralización de este y otros emprendimientos a la brusca caída en los goteos de la coparticipación, la quita de programas de la Nación y la interrupción del financiamiento para la obra pública nacional en los municipios. Por su parte, la oposición anticipó que continuará elevando pedidos de informes para determinar las responsabilidades administrativas del caso.