Las negociaciones parlamentarias previas al debate en el Senado nacional obligaron a la administración de Javier Milei a recalibrar su estrategia en materia de suelo productivo. En ese sentido, el Gobierno nacional podría modificar el borrador de la reforma a la Ley de Tierras e incorporó un límite del 25% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros en cada provincia, buscando destrabar la resistencia de los distritos provinciales.

Todo indicaría que el nuevo texto de la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que se tratará en la Cámara alta, reafirma la jurisdicción provincial sobre sus límites y recursos naturales (conforme a los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional) y fija restricciones precisas como la prohibición a Estados extranjeros, los cúales no podrán adquirir tierras rurales en el territorio nacional.

Por otro lado, la compra estaría prohibida salvo autorización expresa de la provincia interesada y del Poder Ejecutivo Nacional (no delegable por debajo del rango de Secretario de Estado), y se establecería una restricción del 25% máximo de superficie en manos de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera por cada provincia.

Con estos cambios, el oficialismo nacional busca asegurar el acompañamiento de senadores de las provincias patagónicas y del interior de cara a la votación en el recinto. Sin embargo, cabe destacar que la controversia en torno a la legislación sobre la propiedad rural generó una convergencia de posturas dentro del oficialismo bonaerense, diluyendo momentáneamente las diferencias internas entre los distintos sectores del Partido Justicialista, La Cámpora y Patria Grande.

En el plano legislativo, diputados bonaerenses impulsaron la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales para fijar un marco de protección territorial sobre áreas estratégicas y limitar la tenencia extranjera en el suelo provincial.

Asimismo, el gobernador Axel Kicillof expresó su rechazo a la flexibilización de la normativa nacional, mientras que el espacio Movimiento Derecho al Futuro convocó a una marcha para el próximo jueves 6 de agosto, en coincidencia con la sesión del Senado, consolidando la defensa de la soberanía territorial como un eje vertebrador de la oposición.