La desregulación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) abrió una marcada brecha normativa y operativa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Mientras la administración porteña avanzó en la Legislatura con una reforma estructural alineada con la política de desregulación que impulsa el Gobierno nacional a través del ministro Federico Sturzenegger, la gestión de Axel Kicillof ratificó que continuará aplicando el régimen tradicional sin modificaciones en sus exigencias ni en sus concesiones.

El nuevo esquema porteño introduce cambios sustanciales: extiende la primera inspección obligatoria de cuatro a cinco años de antigüedad desde el patentamiento para rodados particulares, fija revisiones bienales hasta los diez años y autoriza a concesionarias, importadores y talleres mecánicos privados a prestar el servicio. Asimismo, el costo de la verificación dejará de estar fijado de forma centralizada por el Estado para regirse por la libre competencia del mercado.

En la vereda opuesta, el Ministerio de Transporte bonaerense decidió no plegarse a la iniciativa flexibilizadora al considerar que la apertura irrestricta de prestadores podría dispersar los criterios técnicos y comprometer la rigurosidad de las inspecciones. Desde la cartera provincial fundamentaron que la red actual de plantas concesionadas asegura estándares homogéneos de evaluación técnica, trazabilidad y control de seguridad vial.

La postura del Ejecutivo provincial reavivó a su vez las tensiones en la Legislatura bonaerense, donde bloques de la oposición vienen impulsando proyectos para revisar los plazos, bajar las tarifas o incluso suprimir la obligatoriedad de la VTV para vehículos de uso particular bajo el argumento de aliviar la carga económica sobre los automovilistas. Por el momento, la Provincia mantiene su esquema cerrado, consolidando dos modelos regulatorios dispares a ambos lados de la Avenida General Paz.