La administración municipal de Dolores, encabezada por el intendente Juan Pablo García, atraviesa un escenario de alta tensión política e institucional a raíz de una seguidilla de denuncias judiciales y parlamentarias. La causa más comprometedora avanza en el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del juez Mariano Cazeaux, donde se investiga una presunta red dedicada a la falsificación de documentación técnica para habilitaciones y contrataciones municipales.

Según lo que dejó trascender el medio Cronos Noticias, el expediente se originó tras la denuncia penal presentada por el arquitecto Pablo Eduardo Molina, quien descubrió que su sello profesional, sustraído años atrás durante una internación en el hospital local, estaba siendo utilizado sin su consentimiento en expedientes de la Secretaría de Obras Públicas. Entre los trámites comprometidos figuran la autorización de pantallas publicitarias LED en vía pública y certificaciones antisiniestrales de locales nocturnos. Los patrocinantes legales de Molina, Milena Suárez y Jorge Domínguez, solicitaron el resguardo de las actuaciones ante presuntas retenciones indebidas de legajos en dependencias comunales.

En este sentido, la causa habría dado un salto determinante tras un allanamiento judicial en el domicilio particular de Patricio Daniel Castro, sindicado como proveedor municipal recurrente. En la propiedad, las fuerzas policiales secuestraron expedientes administrativos oficiales (entre ellos el expediente N.º 12-04/16) que contenían sellos y rúbricas atribuidas a Molina. El peritaje financiero preliminar detectó contratos facturados por Castro al Municipio en áreas de Turismo, Deportes y Tercera Edad por cifras que superan los $38 millones, además de convenios por transmisiones de streaming vinculados a Benjamín Gopar Contreras.

En paralelo al frente penal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas provincial recibieron presentaciones por presuntas irregularidades en el manejo presupuestario. La oposición denunció que durante el ejercicio 2025 la gestión municipal devengó más de $1.300 millones en naftas y gasoil (equivalentes a 931.000 litros anuales o más de 100 litros consumidos por hora de manera ininterrumpida).

A su vez, se alertó sobre una incompatibilidad de funciones vinculada a una funcionaria que define los esquemas nutricionales escolares mientras su cónyuge resulta adjudicatario sistemático de las licitaciones de alimentos. Por otro lado, también se mantiene abierta una causa por la designación de una magistrada de faltas que juró en el cargo sin contar con matrícula habilitante de abogada y que debió renunciar tras las denuncias opositoras.

Frente a la causa de los sellos profesionales, desde el Ejecutivo dolorense afirmaron haber girado las actuaciones a sede penal una vez que el arquitecto desconoció su firma en el expediente de cartelería. No obstante, el avance judicial sobre Catastro, Obras Privadas y compras directas coloca a la conducción política del distrito en el centro de las indagatorias.