La administración municipal de San Isidro, conducida por el intendente Ramón Lanús, quedó en el centro del debate político local tras una serie de denuncias opositoras respecto al volumen presupuestario y la modalidad de contratación de personal implementada mediante sucesivas adendas a un convenio marco con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Acorde a lo trascendido en los medios locales, el concejal opositor Walter Pérez formalizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para que audite los desembolsos. El edil denunció que durante el ejercicio 2025 la comuna habría girado alrededor de $20.000 millones a través de este esquema de intermediación, estimando que más de un millón de dólares quedaron en poder de la universidad pública en concepto de comisión por gastos de gestión.

Más allá del cruce de declaraciones en el ámbito deliberativo, registros administrativos publicados por la propia UNSAM (correspondientes a la Adenda VI del contrato N.º 424/24) permitieron constatar las condiciones operativas bajo las cuales se ejecuta el acuerdo. Así, se confirmó que se fijó una asignación de $3.800 millones aportados por la Municipalidad de San Isidro para un período de ejecución de doce meses a partir del 1° de enero de 2025.

En este sentido, el documento establece formalmente un canon administrativo del 9,09%, explicitado como "equivalente al 10% sobre honorarios", el cual ingresa de forma directa como beneficio financiero a las arcas universitarias. A su vez, se consignó expresamente la contratación de recursos humanos bajo el mecanismo de "por cuenta y orden de terceros".

Cabe destacar que la controversia no es aislada ya que, en septiembre de 2025 se radicó una denuncia penal en los tribunales que apuntaba contra Lanús y el rector de la UNSAM, Carlos Greco, orientada a investigar la incorporación masiva de monotributistas, el destino final de las partidas y las funciones reales asignadas dentro de la estructura municipal.

El nuevo reclamo cobra especial volumen por la confrontación directa con el relato oficial de la comuna, que desde el inicio de mandato ubicó la austeridad, la reducción del gasto burocrático y la disminución de contrataciones directas como sus principales banderas de gestión. Con la intervención solicitada al Tribunal de Cuentas provincial, el Ejecutivo de San Isidro afronta la exigencia de hacer públicas las nóminas completas de personal contratado, los montos liquidados y los expedientes respaldatorios de cada adenda.