El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada anual correspondiente al período fiscal 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA), informando un patrimonio total de $295,2 millones al cierre del ejercicio. La cifra representa un incremento nominal del 43,3% respecto a los $206 millones consignados al inicio de su mandato como presidente de la Nación, con una variación positiva cercana a los $89 millones.

De acuerdo con el documento oficial remitido por el jefe de Estado, el crecimiento en el valor de sus activos no obedeció a la adquisición de nuevas propiedades o vehículos, sino a la actualización tributaria de inmuebles preexistentes y al efecto del tipo de cambio oficial sobre sus tenencias en divisa extranjera.

En el detalle de los bienes declarados por el Presidente ante el organismo de control se destacan el departamento de 100 metros cuadrados que posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casi duplicó su valuación fiscal, mientras que sus rodados (una furgoneta Mercedes-Benz Sprinter y un automóvil Peugeot RCZ Coupé) mantuvieron las mismas cotizaciones nominales del ejercicio previo.

A su vez, el salto cambiario del dólar oficial elevó la equivalencia en pesos de sus depósitos y fondos bancarios en moneda extranjera. Cabe destacar que Milei consignó ingresos netos superiores a los $81,8 millones a lo largo de 2025, frente a gastos personales por más de $66 millones. A su vez, declaró un pasivo bancario por $586.357 con el Banco Supervielle, obligación que no figuraba en su presentación anterior.

En simultáneo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reportó una suba de bienes del 210% en términos nominales durante el mismo período. El patrimonio de la funcionaria nacional pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, un salto traccionado casi en su totalidad por la revaluación fiscal de su vivienda particular ubicada en el partido bonaerense de Vicente López.

La difusión de estos balances patrimoniales integra el régimen de ética pública que supervisa la Oficina Anticorrupción, esquema legal que exige a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional transparentar de manera periódica la evolución de sus activos, ingresos y pasivos ante la ciudadanía.