La aparente tregua que intentó sellar el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con los trabajadores municipales duró apenas unas horas. Lejos de apaciguar los ánimos tras las protestas y cortes de tránsito sobre las rutas 6 y 205 en Cañuelas, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) redobló la embestida política y apuntó de lleno contra el ministro de Trabajo de Axel Kicillof, Walter Correa, a quien acusaron abiertamente de manejarse con "capricho, chicanas y desapego a las normas".

La chispa que reactivó la furia gremial fue la letra chica de la resolución con la que la cartera laboral formalizó la convocatoria al Consejo de Empleo Municipal. Para la federación que lidera Hernán Doval, el funcionario provincial busca alterar las reglas de juego mediante un artilugio administrativo exprés para beneficiar a sellos afines y vaciar de poder real a los representantes legítimos de los distritos.

"El Ejecutivo quiere hacer política con el Consejo de Empleo Municipal. Nosotros queremos que se respete la norma para resolver el salario y las condiciones de trabajo de los municipales. Una resolución ministerial de Correa no puede modificar una ley provincial ni pasar por encima de los criterios legales de representatividad", dispararon desde la conducción de FESIMUBO.

Según lo que dejaron saber diversas fuentes gremiales, la bronca acumulada contra el titular de la cartera de Trabajo excede la convocatoria formal. En la federación denuncian que la Provincia tardó más de una década en cumplir con la Ley 14.656 y que, cuando finalmente lo hace forzada por las movilizaciones en las rutas, pretende digitar la mesa de discusión.

"Queremos respetar la ley y defender a los compañeros, pero cuando enfrente tenés funcionarios donde reina el capricho y la chicana barata se hace muy difícil. Vamos a continuar con templanza y perseverancia el plan de lucha que votaron las bases, sin caer en la trampa ni en las provocaciones del ministerio", remarcó Doval con un dardo directo al despacho de Correa.

El articulado de la Ley 14.656 sancionada en 2014 fijó taxativamente el funcionamiento y la integración del Consejo de Empleo Municipal. En ese marco, establece un órgano de consulta y asesoramiento que debe sesionar obligatoriamente entre enero y marzo de cada año, con un piso de dos plenarios anuales,  contempla once delegados de los intendentes distribuidos según el peso electoral seccional (dos por la Primera, Tercera y Quinta sección; uno por la Segunda, Cuarta, Sexta, Séptima y Octava).

La norma exige que la representación de los trabajadores respete de manera estricta el volumen de afiliados cotizantes con personería gremial. FESIMUBO acusa a Correa de querer meter por la ventana a gremios minoritarios sin representatividad real en los municipios para restarle peso al sindicato mayoritario en la pulseada salarial.

Con el conflicto al rojo vivo, FESIMUBO trasladará este viernes la trinchera a Bahía Blanca, donde encabezará un plenario regional con dirigentes de la Sexta sección electoral para coordinar nuevas medidas de fuerza en caso de que el ministro Correa no dé marcha atrás con la resolución ministerial.