La repentina conversión nacionalista de Javier Milei en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas desató una réplica demoledora desde la capital provincial. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de los anuncios formulados por el Presidente en cadena nacional y calificó la maniobra de oportunismo discursivo tardío, recordando la conocida afinidad ideológica del mandatario libertario con la expremier británica Margaret Thatcher y contrastándola con casi nueve meses de pasividad estatal ante la explotación ilegal de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
A través de sus canales oficiales, la mano derecha de Axel Kicillof le puso una cifra precisa a la desidia oficial al remarcar que "el fan de Thatcher tardó 267 días" en pronunciarse sobre el tema. Ese plazo coincide con el período transcurrido desde que los consorcios extranjeros oficializaron su avance extractivo sin recibir objeción alguna por parte de los despachos de Balcarce 50, puntualmente desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca…
— Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026
"En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel. Tampoco avanzó sobre quienes hacen posible la explotación: aseguradoras, proveedores, financistas y bolsas en las que cotizan las compañías", fustigó Bianco.
Acorde a lo que se pudo saber, en la mesa chica de la Gobernación bonaerense consideran una sobreactuación el paquete legislativo anunciado por la Casa Rosada. La molestia en La Plata radica en que el Estado argentino ya disponía de los instrumentos jurídicos necesarios mediante la Ley 26.659, sancionada en 2011, la cual inhabilita hasta por 20 años para operar en el país a cualquier firma que auxilie faenas ilegales, una sanción que de hecho ya recayó formalmente sobre Navitas en 2022. Sin embargo, la administración libertaria evitó perseguir a la cadena financiera mientras el proyecto offshore Sea Lion avanzaba sin trabas con la meta fijada para 2028, año en que las operadoras privadas proyectan bombear unos 50.000 barriles diarios de crudo en aguas argentinas usurpadas.

En ese marco, el funcionario bonaerense fustigó que la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur exige responsabilidad, seriedad e inteligencia estratégica antes que arranques espasmódicos, enfatizando la necesidad de anticiparse a los hechos consumados y hacer valer los resortes legales vigentes.
La contraofensiva de Bianco busca desnudar las inconsistencias de los anuncios libertarios, que prevén endurecer la Ley 26.659 para vetar a directores, proveedores y accionistas de petroleras del circuito público y privado, además de sumar celeridad sumaria a través de decretos administrativos. El proyecto de la Casa Rosada contempla también la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional interministerial con directrices obligatorias sobre infraestructura crítica y la ampliación de partidas de Defensa vía DNU para edificar una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Para el Ejecutivo bonaerense, esa promesa de financiamiento militar choca de lleno con el recorte generalizado de obras públicas y la paralización de recursos castrenses impulsada por la propia gestión libertaria. En la Gobernación provincial interpretan que el súbito fervor soberanista de Milei no es más que una maniobra distractiva ante la falta de resultados del modelo macroeconómico, montada sobre una causa nacional histórica para encubrir la falta de una política exterior consistente frente al Reino Unido.