martes 08 de septiembre de 2026 - Edición Nº2834

Provincia | 8 sep 2026

Fuerte polémica

Feroz cruce entre Santilli y Alonso por el freno a la baja de la imputabilidad en el territorio bonaerense

La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días el régimen penal juvenil para menores de 14 y 15 años por falta de plazas e infraestructura carcelaria tras un recurso del Hogar de Cristo.


La discusión de fondo sobre la reforma penal juvenil se trasladó con virulencia al plano judicial y político bonaerense. La jueza provincial Marta Elba Pascual dispuso la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, haciendo lugar a un recurso de hábeas corpus preventivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La magistrada fundamentó su resolución en la inexistencia de condiciones edilicias, técnicas e institucionales para albergar a los adolescentes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por la ampliación punitiva, obligando al Estado a presentar planes concretos y convocando a una audiencia multipropósito para determinar cómo se financiaría la infraestructura requerida.

El fallo judicial actuó como un detonante instantáneo entre Balcarce 50 y la Gobernación de La Plata. El jefe de Gabinete de la Nación y flamante aspirante a la gobernación provincial por el oficialismo libertario, Diego Santilli, cargó de inmediato contra la gestión de Axel Kicillof, acusando al gobernador de guardar silencio frente a la resolución y asegurando públicamente que la administración platense volvía a ubicarse deliberadamente del lado del delincuente antes que de las víctimas del delito.

La réplica de la Provincia no tardó en llegar por boca del ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien salió en defensa del temperamento de la jueza Pascual y cruzó al ministro coordinador nacional por imputarle al Ejecutivo una resolución que emana de manera estricta de la órbita del Poder Judicial.

Alonso sostuvo que modificar la edad de imputabilidad por decreto o ley no resuelve el problema sin un correlato material, advirtiendo que para aplicar el régimen se requieren alcaldías especializadas, personal capacitado, equipos interdisciplinarios y la creación de nuevos juzgados y fiscalías de menores, por lo que conminó a la Casa Rosada a girar de inmediato las partidas millonarias del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Nación le recortó a las arcas provinciales.

Desde los tribunales de La Plata y del área de Niñez bonaerense, la capacidad de alojamiento de institutos cerrados se encuentra al límite operativo, y la aplicación inmediata de la baja a los 14 años amenazaba con colapsar los centros de contención existentes en menos de un mes sin presupuesto complementario.

Sin embargo, la discusión técnica quedó sepultada por una escalada de chicanas en las redes sociales cuando Santilli recogió el guante y redobló la apuesta con un ataque directo a la gestión de Alonso, llamándolo "ministro de Inseguridad", mandándolo a pedirle al gobernador que deje de comprar insumos polémicos y sentenciando que el conurbano bonaerense continúa siendo una tierra de nadie abandonada por el poder provincial.

El choque expone a cielo abierto el barro electoral hacia 2027 que empieza a teñir cada debate estructural de la agenda de seguridad. Mientras los juzgados frenan la letra de la ley ante el riesgo de hacinamiento carcelario infantil y la Provincia exige fondos que Nación mantiene pisados, Santilli aprovecha cada flanco abierto para endurecer su perfil de mano dura y confrontar cuerpo a cuerpo con el gabinete de Kicillof en el territorio que pretende gobernar.

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