Lo que el oficialismo local promocionó como una fiesta deportiva y turística para romper la estacionalidad invernal derivó en un terremoto judicial de consecuencias impredecibles para la conducción del Municipio de Pinamar.

El intendente Juan Manuel Ibarguren (PRO) y el concejal oficialista Alejo Yeza fueron formalmente denunciados ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 de Delitos de Corrupción de Dolores por la presunta comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y daño ambiental agravado sobre el dominio público.

La presentación fue radicada por el abogado y exsecretario municipal de Seguridad, Lucas Ventoso, quien solicitó medidas urgentes de prueba, peritajes técnicos sobre el frente costero y la preservación de todos los expedientes administrativos comunales vinculados a la edición 2026 del Enduro del Invierno, desarrollada a fines de agosto sobre un circuito de 3.400 metros de largo por 60 de ancho entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach.

El núcleo de la acusación pone el foco en la Ordenanza 7342/26, sancionada el 14 de agosto para habilitar la carrera a pedido de Rodrigo Ezequiel Allue en representación de la firma privada EDV Entertainment S.A. Según el escrito, el Municipio no solo habría cedido de forma gratuita miles de metros cuadrados de playa pública, sino que eximió a los organizadores del pago de cánones por ocupación del espacio, publicidad y derechos comerciales, configurando una virtual privatización del recurso costero sin contraprestación para las arcas municipales.

Acorde a lo trascendido, a partir de la documentación ingresada en los tribunales de Dolores, el capítulo más comprometedor en términos penales involucra al concejal Alejo Yeza (hermano del diputado nacional y exintendente Martín Yeza). De acuerdo a las constancias registrales aportadas, el edil y el titular de la firma beneficiaria, Rodrigo Allue, crearon en abril de 2022 la sociedad Grupo TR2 Pinamar SRL, dedicada al rubro inmobiliario y de la construcción.

Pese a ese vínculo comercial directo y vigente, Yeza no habría comunicado la incompatibilidad al Concejo Deliberante, no se abstuvo y votó favorablemente la iniciativa. La matemática legislativa vuelve el hecho determinante: la ordenanza requería una mayoría calificada de diez votos afirmativos y se aprobó de forma exacta con diez adhesiones, por lo que el sufragio del concejal socio del organizador resultó indispensable para consagrar el negocio.

A este conflicto de intereses se suma el fenomenal volumen económico del evento, calculado de manera preliminar en torno a los US$ 500.000. Las inscripciones para los corredores oscilaron entre 250 y 320 dólares, mientras que las entradas generales se cobraron a $50.000, los accesos preferenciales treparon a $120.000 y los pases VIP a boxes alcanzaron los $300.000 por persona, todo ello engrosado por contratos millonarios de sponsoreo y publicidad de marcas del sector motor sobre espacio público cedido a costo cero.

En cuanto al intendente Ibarguren, la denuncia penal apunta a su rol como titular del Departamento Ejecutivo por haber promulgado la cuestionada ordenanza y haber permitido el despliegue de las máquinas viales, a pesar de haber recibido alertas administrativas previas con registros fotográficos sobre los daños que se estaban ejecutando en la línea de médanos.

Las intervenciones para montar el trazado implicaron excavaciones profundas, extracción de arena y el armado de rampas y taludes de hasta tres metros de altura sobre la playa distal. El escrito judicial remarcaría que las obras se realizaron violando ordenanzas municipales de protección costera y careciendo tanto de la Declaración de Impacto Ambiental como del aval técnico de los organismos hidráulicos y ambientales de la Provincia de Buenos Aires, recordando que las playas marítimas integran el dominio público provincial y que una simple norma local no puede arrogarse potestades para autorizar su degradación.

La causa abierta en Dolores promete escalar hacia la plana mayor del PRO bonaerense en la Quinta sección electoral, en un distrito donde las denuncias por negocios cruzados con el espacio público costero y los vínculos societarios entre funcionarios y privados vuelven a quedar en el centro de la escena institucional.