A contramano del fallo cautelar dictado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora que congeló la aplicación del régimen de la reforma penal juveil por dos meses en toda la provincia de Buenos Aires, el fiscal del fuero de menores de San Isidro, Andrés Zárate, confirmó públicamente que mantendrá plenamente operativa la Ley Nacional 27.801 en su jurisdicción, desatando una crisis de encuadre procesal sin precedentes entre los departamentos judiciales del conurbano.

El funcionario de la zona norte cargó en términos categóricos contra la resolución dictada por la jueza Marta Elba Pascual a instancias de un hábeas corpus preventivo de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Zárate argumentó que las facultades de los magistrados de primera instancia se limitan a pronunciarse sobre la eventual inconstitucionalidad de un texto legal en un caso litigioso concreto, pero de ningún modo alcanzan para decretar una suspensión con alcance general sobre una norma votada por el Congreso de la Nación, calificando la decisión de "absurdo jurídico, procesal y constitucional".

La resistencia del fiscal desarma el argumento central que utilizó la magistrada lomense, vinculado a la saturación extrema de los centros de detención juvenil y la falta de presupuesto para sostener la ampliación punitiva hacia menores de 14 y 15 años. Zárate retrucó que, con anterioridad a esta reforma, el sistema penal ya contemplaba medidas restrictivas de la libertad bajo marcos provisorios y destacó que la flamante normativa prevé un abanico de penas sustitutivas junto a una escala con tope de 15 años de prisión, por lo cual la privación cautelar de la libertad no opera como una derivación forzosa ni automática para los imputados.

Acorde a lo que trascendió desde los despachos de los tribunales de San Isidro y La Plata, la postura de Zárate cayó como una bendición política en el seno de La Libertad Avanza bonaerense, donde los armadores territoriales preparan un pedido formal de jury de enjuiciamiento contra la jueza Pascual por presunto mal desempeño y extralimitación de funciones. El oficialismo nacional busca utilizar la postura del fiscal sanisidrense como ariete para presionar a la Procuración General bonaerense e interpelar a los juzgados de garantías que se resisten a admitir las acusaciones contra adolescentes.

El desafío abierto fractura la aplicación de las leyes penales en la provincia de Buenos Aires, abriendo un mapa judicial fragmentado donde un menor de 15 años podría quedar formalmente encausado y privado de su libertad en el municipio comndado por Ramón Lanús mientras en el resto de los distritos metropolitanos rige la suspensión tutelar. La puja eleva al máximo la temperatura entre los tribunales locales, el Ministerio Público y la Casa Rosada, dejando al descubierto una crisis institucional donde las leyes penales de fondo quedan sujetas a la interpretación y el arbitrio de cada departamento judicial.