El frente costero de la región capital volvió a encender las alarmas por el deterioro sistemático de sus reservas naturales y la falta de controles efectivos en el territorio. La organización no gubernamental Nuevo Ambiente presentó una severa advertencia pública y judicial tras constatar, a partir de reportes vecinales en las últimas 48 horas, una nueva oleada de usurpaciones ilegales, movimientos de suelo con maquinaria pesada, tala rasa de especies autóctonas y quemas intencionales en puntos críticos de la Isla Santiago, en el partido de Ensenada.

La entidad ambientalista denunció una inacción manifiesta tanto del Municipio que conduce Mario Secco como de las áreas de fiscalización del Gobierno bonaerense para frenar intervenciones clandestinas sobre un ecosistema legalmente amparado bajo la figura de Paisaje Protegido de Interés Provincial.

El epicentro de los desmontes recientes se focalizó en parcelas linderas al destacamento de la Prefectura Naval Argentina y a escasos metros de la ribera del Río de la Plata. De acuerdo al mapa de zonificación ambiental, se trata de una franja de monte ribereño calificada formalmente como zona roja e intangible bajo la Ley Provincial 14.888 de Bosques Nativos, lo que prohíbe de manera terminante cualquier modificación del relieve, tala o actividad constructiva. La pérdida de estos humedales y albardones boscosos destruye la barrera natural que amortigua el avance del agua durante las crecidas del estuario y las sudestadas, liquidando reservorios biológicos y hábitats esenciales para la fauna autóctona de la franja ribereña.

La gravedad del cuadro se profundiza por el desconocimiento deliberado de recientes pronunciamientos emanados de los tribunales platenses. Miembros de Nuevo Ambiente remarcaron que los últimos movimientos de topadoras se registraron pocas horas después de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo convalidara medidas cautelares impulsadas para salvaguardar la biodiversidad del delta insular.

Para los ecologistas, existe una asimetría alarmante entre el discurso de apego normativo de la Comuna y la realidad cotidiana de la isla, donde no se clausuran obras clandestinas, no se incauta la maquinaria utilizada en las excavaciones ni se sanciona a los promotores de loteos irregulares. Según dejaron saber fuentes del Fuero Contencioso Administrativo y ambientalistas de la región, este conflicto enlaza con el precedente registrado hace sesenta días en el paraje "Los Ciruelos", ubicado dentro de la misma jurisdicción insular.

En aquella oportunidad, la Justicia dictó una cautelar contra la construcción de un complejo de cabañas y cabezas de loteo que el propio Municipio a cargo de Mario Secco, reconoció que no poseían permisos ni planos aprobados; sin embargo, al no instrumentarse operativos policiales e inspectivos permanentes, las usurpaciones mutaron de sector bajo la sospecha de intereses comerciales e inmobiliarios que operan sobre tierras fiscales de dominio público.

El trasfondo estructural del conflicto radica en la histórica demora del Estado comunal y provincial para formalizar y homologar un Plan de Manejo Ambiental para la Isla Santiago y su vecina Isla Paulino de Berisso. El retraso legal, que acumula años de prórrogas vencidas, impide ordenar los usos del suelo, planificar la disposición de los efluentes cloacales que hoy contaminan de forma directa los canales y conformar brigadas territoriales para prevenir incendios forestales intencionales.

Frente al avance de los hechos consumados, la ONG reclamó el secuestro inmediato de las máquinas pesadas y la intervención penal de la fiscalía de turno para identificar a los instigadores de la venta de parcelas, advirtiendo que el monte ribereño no puede continuar degradándose bajo la pasividad del poder político local.