Una delicada trama institucional y patrimonial desembarcó en los tribunales bonaerenses para poner bajo la lupa las decisiones del oficialismo en el oeste del conurbano. Acorde a lo difundido por varios medios bonaerenses, el abogado y vecino del distrito, Javier Ignacio Baños, radicó una extensa denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue con carácter urgente el procedimiento administrativo mediante el cual el Municipio de Morón pretendería desafectar del dominio público y transferir un tramo de la calle General Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Sarmiento, a manos de la empresa textil ENOD S.A.

Según lo trascendido en los medios, la presentación judicial alcanza las actuaciones contenidas en los expedientes N° 86977/25 del Concejo Deliberante y N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo, solicitando determinar si existieron maniobras configurativas de fraude contra la administración pública, peculado, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho o tráfico de influencias.

Este plan empresarial buscaría anexar físicamente los predios industriales que la firma posee a ambos lados de la arteria para un proyecto de ampliación de planta con una inversión anunciada de US$ 10 millones y la creación de un centenar de puestos laborales; no obstante, el escrito advierte que tales promesas no figuran como obligaciones exigibles con plazos ni cláusulas penales dentro del proyecto de ordenanza.

Uno de los capítulos más cuestionados del expediente giraría en torno a la valuación fiscal asignada a la tierra pública. De acuerdo con la presentación, una tasación preliminar avalada a través del Colegio de Martilleros local (tras eludir la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación bajo el argumento de que la arteria carece de nomenclatura catastral propia) fijó el valor en unos US$ 160 por metro cuadrado, cuando cotizaciones privadas de la zona sitúan el metro cuadrado en torno a los US$ 2.000.

En ese marco, Baños exigió una pericia tasadora independiente y remarcó que el balance económico comunal no puede obviar la plusvalía extraordinaria que obtendría el privado al unificar sus plantas fabriles a costa de la pérdida definitiva de una calle de libre tránsito.

A la presunta licuación del patrimonio público se le sumarían severas objeciones de seguridad y circulación urbana. El sector de Donato Álvarez cuya clausura se impulsa está ubicado en las inmediaciones del paso a nivel de Pueyrredón, un nudo neurálgico donde la arteria oficia de vía de escape indispensable frente a cortes ferroviarios, temporales o accidentes. La denuncia alerta que cerrar la calle generaría un embudo que trabaría la respuesta rápida de ambulancias, dotaciones de bomberos y patrulleros, remarcando la gravedad de que el Ejecutivo comunal haya reconocido que no cuenta con un estudio técnico independiente de impacto vial ni con una Declaración de Impacto Ambiental sobre el entorno.

Acorde a lo que se pudo saber a partir de las actas de la audiencia pública preparatoria, el tramo más comprometedor en términos de responsabilidad política involucraría al propio intendente Lucas Ghi y a su mesa técnica. Ante una consulta directa del concejal Diego Spina, el representante de ENOD S.A., Jorge Leone, admitió que las gestiones para adquirir la calle pública fueron entabladas de forma directa con el jefe comunal, el funcionario Santiago Muñiz y el arquitecto Pablo Itzcovich, lo que motivó el pedido fiscal para que se periten registros de comunicaciones, reuniones y correos electrónicos institucionales a fin de constatar si mediaron acuerdos espurios o privilegios sectoriales.

Frente al avance del trámite parlamentario, el denunciante solicitó a la Justicia el dictado de una medida de no innovar que frene la votación en el recinto y suspenda cualquier acto de escrituración o toma de posesión del predio hasta tanto se completen peritajes contables y ambientales. El conflicto abre así un complejo dilema ético y normativo en Morón, donde la justificación del desarrollo productivo industrial colisionó de lleno con la sospecha de enajenación irregular de bienes de la comunidad en favor de un actor privado.