La suspensión preventiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio de la Provincia de Buenos Aires desató una auténtica tormenta institucional sobre los tribunales de Lomas de Zamora. En una maniobra de pinzas que exhibe un alto nivel de sincronía política, el bloque de senadores del PRO y la estructura bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) resolvieron llevar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, Marta Elba Pascual, quien la semana pasada frenó por 60 días la operatividad de la Ley Nacional 27.801 tras admitir un hábeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La punta de lanza del espacio amarillo quedó bajo la firma del senador provincial Guillermo Montenegro, quien complementó la declaración de repudio impulsada en la Cámara de Diputados por Alejandro Rabinovich anticipando la radicación del pedido de juicio político y el reclamo de apartamiento preventivo de la jueza mientras se sustancie el proceso disciplinario. El exministro de Seguridad y exjuez penal cuestionó que una magistrada de primera instancia pretenda derogar en los hechos una política criminal votada por el Congreso con alcance en los 135 distritos, arguyendo causales de negligencia grave, mal desempeño funcional y desapego de la conducta debida para el ejercicio de la magistratura.

Montenegro apuntó al núcleo de la argumentación judicial, que sustentó el freno en el colapso estructural de los institutos de menores bonaerenses, y exigió priorizar la protección de los ciudadanos antes que los reparos de logística penitenciaria: "Una vez más, toda la preocupación está puesta en el delincuente y nadie habla de las víctimas. Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no; la política criminal la define el Congreso. Y si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya: la ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley", disparó el legislador de la Quinta sección.

En paralelo, los libertarios que responden al armador provincial y funcionario nacional Sebastián Pareja avanzaron con su propia batería acusatoria en la Legislatura. Desde la conducción de LLA calificaron la resolución judicial como un "fallo político a la medida del gobernador Axel Kicillof" para blindar un esquema de garantismo judicializado en perjuicio de las personas damnificadas por el delito. En esa línea, los jefes de bloque parlamentarios (Carlos Curestis en el Senado y Juan Osaba en Diputados) confirmaron que sus equipos técnicos coordinan presentaciones para reclamar la destitución e inhabilitación perpetua de la magistrada lomense, denunciando que su cautelar convalida la impunidad en delitos graves perpetrados por menores de 14 y 15 años.

De acuerdo a lo trascendido por fuentes de los tribunales de La Plata y del Consejo de la Magistratura provincial, la embestida conjunta del PRO y LLA busca quebrar la doctrina restrictiva que predomina entre jueces y defensores oficiales del fuero penal juvenil bonaerense. La presentación de Montenegro sumará como prueba agravante las apariciones mediáticas que Pascual protagonizó tras rubricar el fallo, las cuales, a criterio de los acusadores, vulneraron el deber de reserva y evidenciaron un prejuzgamiento dogmático sobre la ley nacional.

El pedido de jury introduce una presión asfixiante sobre la Suprema Corte de Justicia provincial y la Procuración General encabezada por Julio Conte Grand, en una coyuntura donde los fiscales departamentales ya comenzaron a manifestar conductas divergentes sobre el acatamiento del fallo cautelar. Con los dos principales bloques de la oposición cerrando filas en una agenda punitiva unificada, el debate por la baja de imputabilidad amenaza con transformarse en un juicio sumario contra el modelo penal juvenil de la Provincia.