Esta semana la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires formalizó una dura embestida legal y gremial contra el Ejecutivo de Axel Kicillof, al denunciar la aplicación de un severo esquema de descuentos salariales sobre el personal de la Dirección General de Cultura y Educación durante las liquidaciones de agosto, calificando la medida como una represalia patronal arbitraria por haber adherido a las jornadas provinciales de protesta.

El reclamo fue presentado a través de sendas presentaciones formales dirigidas a la titular de la cartera educativa provincial, Flavia Terigi, y al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. En el documento, la conducción del gremio estatal argumentó que las medidas de fuerza se ejecutaron en el marco de la resistencia generalizada contra el ajuste y el corte de transferencias discrecionales implementado por el Gobierno de Javier Milei, por lo cual consideraron inadmisible que la gestión provincial convalide un castigo monetario directo sobre los trabajadores que salieron a defender los recursos públicos en las calles.

Sin embargo, el dardo de ATE no quedó solo en los descuentos por días de paro, sino que la entidad sindical escaló el conflicto al denunciar el incumplimiento manifiesto de compromisos laborales asumidos en las actas paritarias de marzo pasado. Entre los puntos más sensibles, el escrito intima a la Gobernación a efectivizar de forma inmediata la liquidación retroactiva de las recategorizaciones correspondientes al mes de julio, un beneficio acordado en mesa técnica que todavía no se vio reflejado en los recibos de sueldo de la administración central.

A la falta de liquidación de las categorías se añade otra bandera de conflicto: la apertura urgente del proceso de pase a Planta Permanente para los agentes de la Planta Temporaria Mensualizada designados hasta el 31 de diciembre de 2025, un universo compuesto mayoritariamente por auxiliares escolares, porteros y administrativos de dependencias descentralizadas que continúan bajo un régimen de precariedad funcional. "No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento. Estas demoras generan incertidumbre y un perjuicio concreto para las y los trabajadores", dispararon desde la cúpula del sindicato.

Cabe destacar que el malestar acumulado en los sectores operativos de la administración pública amenaza con dinamitar la premisa de "paz social" que el kicillofismo procuraba exhibir de cara al último trimestre del año. Los delegados de base advierten que, de no mediar una mesa de restitución salarial en las próximas 48 horas y un cronograma certero para la firma de los decretos de estabilidad laboral, el plenario provincial evaluará la profundización de medidas de fuerza con asambleas permanentes y movilizaciones hacia la sede de la cartera laboral.

La ruptura de la tregua sindical pone en jaque la narrativa de contención del gobierno provincial, que ahora debe lidiar no solo con la asfixia financiera de la Nación, sino con una creciente rebelión en las bases estatales que no están dispuestas a pagar el costo del ajuste con rebajas salariales ni postergaciones contractuales.