La crisis de seguridad que sacude al oeste del conurbano bonaerense se cobró una nueva factura institucional en el plano comunal. El Concejo Deliberante del Municipio de Morón aprobó un pedido de interpelación formal contra el intendente municipal, Lucas Ghi, tras una tensa sesión en la que los bloques opositores lograron imponer una mayoría contundente de 15 votos frente a los 8 sufragios del oficialismo. La iniciativa legislativa fuerza al jefe comunal a dar explicaciones directas sobre el colapso en la prevención del delito en un plazo perentorio de cinco días hábiles.

El detonante que precipitó la convocatoria parlamentaria fue el violento asalto armado registrado en la localidad de El Palomar. En ese episodio, un comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultó herido de bala al quedar envuelto en un tiroteo mientras trasladaba a su hija en las inmediaciones del Colegio Emaús.

El hecho movilizó a los vecinos a marchar hasta la residencia del intendente en reclamo por el desamparo en los corredores escolares y motorizó a la oposición a articular accciones en el recinto, exigiendo precisiones sobre la tasa de operatividad real de los móviles de patrullaje, el funcionamiento de las cámaras de monitoreo urbano, el mantenimiento de las luminarias LED y los interrogantes no saldados en torno al despliegue de la denominada "Policía Municipal de Morón".

La votación consagra el segundo traspié legislativo de máxima gravedad para Ghi en lo que va del 2026. En julio pasado, el cuerpo deliberativo había votado una medida idéntica tras estallar el escándalo por el pedido de captura de Luna Ortigoza, la exdirectora de la Secretaría de Desarrollo Social local investigada por presunto tráfico de estupefacientes que todavía permanece prófuga de la Justicia federal. En aquella oportunidad, el intendente resolvió esquivar la interpelación presencial y delegó la exposición técnica en el secretario de Seguridad comunal, Damián Cardozo, una maniobra que crispó el clima con la oposición.

Esta vez, la bancada opositora anticipó que no aceptará un nuevo reemplazo ministerial sin costo político para el Ejecutivo. Si bien la normativa municipal faculta al jefe comunal a enviar a un secretario en su representación, la confluencia entre los bloques de Juntos y La Libertad Avanza busca cercar a Ghi para que asuma la responsabilidad política directa por el deterioro urbano y el impacto de los hechos de sangre en el distrito. 

Con los plazos legales corriendo para el Palacio Municipal, Ghi deberá definir en las próximas horas si concurre en persona al recinto deliberativo a defender su esquema de seguridad o si opta nuevamente por resguardarse enviando a sus colaboradores, en medio de un clima social que multiplica los reclamos de justicia y respuestas urgentes en las calles de Morón.