En un escenario parlamentario habitualmente fragmentado y cruzado por la polarización nacional, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el terreno de un entendimiento transversal de alto impacto institucional. Cinco espadas legislativas de las principales bancadas políticas sellaron un proyecto unificado para transformar la estructura de funcionamiento del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense, el órgano autárquico que resuelve los litigios y controversias tributarias entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa parlamentaria exhibe un consenso de orígenes diversos al llevar las firmas conjuntas del jefe de la bancada de Unión por la Patria y cuadro camporista, Facundo Tignanelli; del referente Frente Renovador, Rubén Eslaiman; del presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena; del alfil del PRO alineado con Daniel Angelici, Fernando Rovello; y de Martín Rozas, representante del bloque libertario disidente Unión y Libertad. La confluencia de estas firmas asegura de antemano una sólida mayoría operativa para su tratamiento en el recinto de calle 53.

El corazón financiero de la propuesta radica en la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación (TATFABA), un arancel que deberán liquidar las empresas o particulares que decidan litigar y apelar determinaciones fiscales. De acuerdo con el texto, la alícuota general ascenderá al 0,60% calculada sobre el saldo total de impuestos y multas discutidas, o bien sobre el monto cuestionado en demandas de repetición y compensaciones. Para los planteos puramente formales o de monto no cuantificable, el gravamen se fijó en el 0,2% del umbral de acceso recursivo vigente, estableciendo que la tasa se abonará de manera obligatoria por cada presentación en caso de que concurran múltiples recursos acumulados.

La justificación de los legisladores sostiene que la tasa opera como una contraprestación directa por el servicio técnico-administrativo de jurisdicción especializada, alineando a la Provincia con los regímenes vigentes a nivel nacional y en otros distritos federales. Sin embargo, la mayor novedad contable consiste en que el 100% de lo recaudado por la TATFABA nutrirá el Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET). Este recurso se depositará en una cuenta especial del Banco Provincia con destino a la modernización tecnológica, compra de equipamiento, planes de capacitación y esquemas de jerarquización salarial para el personal del organismo, bajo administración directa del Tribunal mediante acuerdo extraordinario de sus vocales.

En el plano funcional, el articulado rediseña la integración del cuerpo, que quedará constituido por nueve vocales distribuidos en tres salas, integradas invariablemente por dos abogados y un contador público de la matrícula. A su vez, cada vocal contará con una dotación de hasta tres relatores técnicos, procurando la interdisciplina profesional en sus equipos de despacho. Ante causales de recusación, excusación o acefalías prolongadas, se instituye un mecanismo de subrogancias y el eventual sorteo de conjueces letrados de la matrícula, con la salvedad expresa de que el ejercicio de la suplencia no devengará remuneraciones extraordinarias sobre el erario provincial.

Cabe destacar que la arquitectura del proyecto se venía cocinando en reserva desde hace semanas entre las jefaturas de bloque para blindar la operatividad de un organismo que arrastraba severos retrasos en sus sentencias por vacancias no cubiertas y obsolescencia técnica. Con este acuerdo, el oficialismo peronista y la oposición moderada construyen un puente pragmático que dota al Tribunal de autonomía presupuestaria frente a ARBA y el Ministerio de Economía, al tiempo que garantiza el reparto institucional y técnico en un fuero clave para la resolución de millonarias causas impositivas corporativas.