La pulseada institucional y jurídica en torno a la implementación de la baja de imputabilidad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires ingresó en una instancia decisiva. El gobierno de Axel Kicillof deberá presentarse a una audiencia formal de carácter técnico ante la jueza de Garantías del Joven de Lomas de Zamora, Marta Pascual, la magistrada que paralizó por 60 días en toda la provincia la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación.

La cita judicial está fijada para este miércoles a partir de las 10 de la mañana en los tribunales lomenses. Por orden de la jueza, las segundas y terceras líneas de la administración provincial deberán comparecer obligatoriamente con informes técnicos consolidados: la intimación alcanza a las carteras de Justicia y Derechos Humanos, conducida por Juan Martín Mena; el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso; y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que lidera Andrés Larroque.

El eje central del requerimiento radica en determinar si el Estado bonaerense posee capacidad material y edilicia real para absorber la demanda penal que desencadenará la baja de punibilidad a los 14 años. La resolución de Pascual, que provocó una dura reacción política del oficialismo nacional con pedidos de juicio político en su contra, pero también respaldos en organizaciones de derechos humanos y magistrados del fuero de menores, estuvo motivada en el evidente déficit estructural de los centros de recepción y detención juvenil para evitar situaciones de hacinamiento crítico o tratos degradantes incompatibles con tratados internacionales.

Los funcionarios provinciales deberán desglosar minuciosamente qué previsiones presupuestarias se adoptaron, cuántas plazas de alojamiento especializado están disponibles de forma efectiva, con qué dotación de profesionales multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, médicos) cuenta el sistema y qué protocolo se desplegará ante las primeras detenciones de adolescentes de 14 y 15 años en el conurbano profundo.

Cabe destacar que la audiencia representará un delicado ejercicio de equilibrio para la administración kicillofista. En privado, en La Plata admiten que los 60 días de suspensión cautelar otorgaron un necesario balón de oxígeno ante la absoluta falta de partidas nacionales para financiar la reforma federal; no obstante, el Ejecutivo provincial debe evitar exhibir un vacío total de gestión para no quedar expuesto a acusaciones de desacato o desidia institucional. El reloj corre sin tregua: si la magistrada no resuelve una prórroga extraordinaria al amparo, a principios de noviembre la normativa nacional entrará en plena vigencia operativa en los 135 distritos.

La comparencia en Lomas de Zamora marcará el pulso de una de las reformas legislativas más controvertidas de la última década: la Provincia deberá demostrar si está en condiciones de encarcelar a menores de edad bajo las garantías del debido proceso o si la falta de recursos forzará una parálisis del fuero juvenil bonaerense.