Mientras la administración provincial argumenta el ahogo financiero impuesto por el Gobierno nacional para recortar el refuerzo alimentario escolar, diferir pagos a proveedores de IOMA y congelar obras de infraestructura básica en los distritos, el destino del gasto político volvió al centro del fuego cruzado. A través del Ministerio de Comunicación Pública que conduce Jésica Rey, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsó una licitación pública millonaria para contratar un servicio integral de producción audiovisual y distribución satelital por un monto oficial de $2.278.171.592,43 por apenas seis meses de prestación, con opción a prórroga semestral y ampliaciones presupuestarias.

La compulsa, tramitada bajo el Proceso de Compra PBAC N° 401-0405-LPU26 (expediente EX-2026-07491846-GDEBA-DCYCMCPGP), no se limita a la pauta publicitaria institucional de rutina: configura un esquema de despliegue televisivo a escala industrial. De acuerdo con las actas de apertura, la única oferta válida correspondió a una firma tradicionalmente ligada a los contratos audiovisuales del Estado: La Corte S.A. (de los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, recordada por la operación técnica de Fútbol para Todos y transmisiones oficiales), que cotizó $1.995,9 millones, una cifra levemente por debajo del tope presupuestado por la cartera de Rey.

El pliego exige capacidades de alto porte técnico: enlace satelital continuo en banda Ku las 24 horas, control central, edición simultánea, 60 cámaras de seguimiento, grúas Jimmy Jib, mochilas de transmisión 4G, coberturas con drones, 40 servicios de traducción a lengua de señas y el alquiler por seis meses de un estudio profesional de producción, grabación y emisión en vivo, con destino a la Subsecretaría de Producción y Contenidos y la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental.

El apartado que desató el mayor rechazo opositor radica en la extensión geográfica de los servicios contratados. Varios de los 30 renglones licitatorios, preproducción, unidades móviles de exteriores, enlaces terrestres y vuelos con drones, fueron cotizados en tramos que van desde los 100 y 450 hasta los 1.000 kilómetros de distancia. Si se considera que la provincia de Buenos Aires tiene una extensión aproximada de 892 kilómetros de norte a sur y que el punto más austral (Carmen de Patagones) dista a unos 900 kilómetros por ruta desde la capital La Plata, un radio de cobertura de 1.000 kilómetros traspasa con holgura los límites geográficos provinciales.

En los bloques opositores interpretan esa cláusula como una maniobra encubierta para montar una estructura móvil de cobertura mediática que siga los pasos de Kicillof en sus constantes viajes al interior del país, en pleno proceso de instalación de su candidatura presidencial de cara a 2027. A su vez, los legisladores sospechan que el estudio en vivo licitado será utilizado para relanzar de forma solapada la señal de streaming estatal ViBra Bonaerense, lanzada en 2025 y discontinuada a inicios de este año tras cuestionamientos por sus bajos niveles de audiencia e impacto en redes.

La ofensiva no tardó en trasladarse al plano parlamentario: senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron pedidos de informes coordinados en ambas cámaras de la Legislatura. El titular del armado libertario bonaerense, Sebastián Pareja, denunció sin rodeos que la gestión kicillofista se apresta a "despilfarrar miles de millones en un canal de propaganda propio mientras se le niegan recursos a la seguridad de los municipios y la salud pública", exigiendo precisiones sobre los controles de auditoría y la rendición de cuentas del streaming.

En momentos donde los intendentes del conurbano y del interior reclaman fondos de emergencia para insumos sanitarios, patrulleros y bacheo urbano, la decisión de destinar cerca de $400 millones mensuales a una formidable maquinaria de cámaras, satélites y estudios televisivos tensa al extremo la justificación del discurso de la austeridad y la escasez de recursos en la provincia.