El clima institucional y laboral en el municipio de Morón ingresó en una fase de extrema conflictividad tras una directiva emanada directamente desde el despacho del intendente Lucas Ghi. A través de la Secretaría de Economía y Finanzas, conducida por Guido Napolitano, la Comuna intimó a los cerca de ocho mil trabajadores municipales a suscribir de manera obligatoria un “Acuerdo de Confidencialidad, Protección de Datos personales y no divulgación”, un dispositivo contractual que desató un inmediato rechazo gremial y encendió alarmas jurídicas en los tribunales del fuero Contencioso Administrativo.

El texto en cuestión, compuesto por cuatro carillas y ocho cláusulas operativas, excede ampliamente la reserva lógica de protocolos técnicos, claves de sistemas o historias clínicas de los pacientes atendidos en el sistema sanitario distrital. El núcleo de la controversia radica en la imprecisión técnica con la que se define la “información confidencial”: bajo esa figura genérica, los empleados de planta permanente, transitoria y mensualizados quedarían bajo amenaza de sumario administrativo o acciones judiciales si dan a conocer vínculos de parentesco entre funcionarios y contratistas de obra pública, adjudicaciones directas, resoluciones de cesantía, reestructuraciones salariales o traslados arbitrarios de personal.

El cerrojo legal abarca de forma directa a las declaraciones juradas patrimoniales de los integrantes del Gabinete municipal, un insumo de rendición de cuentas que permanece sustraído del escrutinio público tras el paulatino desmantelamiento de las herramientas de acceso a la información que habían posicionado al distrito del oeste como pionero en materia de transparencia institucional durante las administraciones de Nuevo Encuentro.

La medida no puede desligarse del proceso de descomposición política que atraviesa el oficialismo de Morón. Con Ghi alineado operativamente en el armado provincial de Axel Kicillof y distanciado de la conducción de Martín Sabbatella, la disputa territorial terminó por enterrar las insignias históricas del espacio vecinal, tales como la Oficina Anticorrupción, los portales abiertos de compras y la difusión irrestricta de las nóminas salariales. Desde el entorno sabbatellista recuerdan que la publicación de la masa de haberes y el propio recibo de sueldo del intendente se interrumpió de manera unilateral a comienzos de 2025 tras un recambio de secretarios, profundizando una opacidad que ahora busca blindarse administrativamente.

En los bloques opositores del Concejo Deliberante, integrados por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, vinculan la maniobra con el tramo final de la gestión de Ghi y advierten que el oficialismo pretende atar de pies y manos a los mandos medios y cuadros administrativos para bloquear cualquier filtración sobre compras observadas o gastos discrecionales antes de que la próxima administración tome el control del Palacio Municipal e inicie auditorías contables.