En una jugada orientada más a mover un poco el ritmo parlamentario que a sancionar leyes de fondo, el Senado de la provincia de Buenos Aires oficializó la convocatoria para su cuarta sesión ordinaria del año, fijada para el martes 6 de octubre. El decreto de citación fue rubricado por la vicegobernadora Verónica Magario horas antes de asumir formalmente la titularidad del Poder Ejecutivo en reemplazo de Axel Kicillof, quien inició una gira oficial por el exterior.

La celeridad del llamado contrasta con el ritmo aletargado que caracterizó al recinto de calle 51 a lo largo de 2026: la Cámara alta volverá a reunirse con menos de un mes de intervalo respecto a su última jornada, llevada a cabo el 15 de septiembre, tras un primer semestre con apenas dos audiencias en junio y julio y una parálisis total en agosto. El objetivo de la presidencia de la Cámara es equiparar los tiempos con Diputados, que concretará su quinta sesión ordinaria en los últimos días de septiembre, evitando la imagen de un cuerpo legislativo clausurado en momentos de alta sensibilidad socioeconómica.

Sin embargo, el vacío de contenido domina el escenario previo. Hasta el momento, las comisiones permanentes no produjeron dictámenes de mayoría sobre leyes estructurales y en carpeta solo asoman el blindaje por ley a los beneficios impositivos del Área Patagónica bonaerense, la Ley Ema contra la violencia digital y un proyecto contra la discriminación, todos promovidos por el peronismo sin haber alcanzado consensos transversales con la oposición.

El cuello de botella parlamentario se localiza en la comisión de Legislación General, presidida por el senador kicillofista Germán Lago. En ese cuerpo técnico yacen congelados decenas de expedientes vinculados al sistema electoral: la suspensión o sostenimiento de las PASO bonaerenses, los proyectos de desdoblamiento de los comicios provinciales, los cambios en el calendario, la Ficha Limpia y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

A este letargo se suma el bloqueo explícito a los proyectos de reforma del sistema sanitario enviados por Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak (tales como la empresa estatal de emergencias y el laboratorio provincial de medicamentos), frenados en los despachos senatoriales por la resistencia de los legisladores alineados con La Cámpora. La falta de una conducción unificada en el interbloque oficialista esterilizó cualquier avance de fondo, relegando al recinto a tratar repudios a políticas de Javier Milei o declaraciones de interés para exhibir un funcionamiento meramente testimonial.