La política tarifaria del gobierno de Axel Kicillof sufrió un severo revés en los tribunales provinciales. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, Agustín López Coppola, confirmó la plena vigencia y los alcances integrales de la medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 dictada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, obligando a retrotraer de manera inmediata las tarifas del servicio de energía eléctrica al cuadro anterior en beneficio de los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

El pronunciamiento se dictó en el marco de la causa N° 34.835, iniciada a través de una acción de amparo colectivo por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES S.A.) y otros prestadores del mapa energético bonaerense, bajo la pretensión de nulidad de los incrementos autorizados por Calle 6.

La controversia sumó un punto neurálgico en torno a la situación de las cooperativas eléctricas, prestadoras mayoritarias del servicio en el interior provincial y en los cordones periurbanos. Ante una presentación que solicitaba extender de modo explícito el alcance del amparo a estas entidades bajo jurisdicción provincial y municipal, el juez López Coppola desestimó la necesidad de dictar un nuevo pronunciamiento ampliatorio, argumentando que las cooperativas ya se encuentran subsumidas en la propia Resolución 585/2026 atacada. Por lo tanto, al haber quedado suspendida la norma matriz, las cooperativas están legalmente obligadas a aplicar el congelamiento y restablecer los valores precedentes.

Para evitar cualquier maniobra elusiva o dilatoria por parte de las prestadoras locales, el magistrado dispuso librar un oficio urgente al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). La dependencia provincial deberá notificar electrónicamente y sin demoras a la totalidad de las cooperativas concesionarias de distribución eléctrica bajo régimen comunal o provincial sobre la manda judicial notificada formalmente el 22 de septiembre.

De este modo, los prestadores deberán abstenerse de emitir liquidaciones con los incrementos convalidados semanas atrás por el Ejecutivo y, en aquellos casos donde los usuarios ya hayan abonado facturas con el nuevo cuadro tarifario, los importes cobrados en exceso deberán ser reintegrados como crédito a favor en las próximas boletas.