El impacto institucional de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la medida cautelar del CECIM La Plata y reactivó el artículo del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras, detonó una auténtica batalla política en el corazón legislativo provincial. En momentos en que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sesionaba en el recinto de Calle 53, la noticia del fallo del máximo tribunal irrumpió en las bancas y alteró por completo el orden del día.

Apenas confirmada la decisión firmada por los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, solicitó la palabra para apurar una moción de repudio institucional sobre tablas. El jefe de la bancada oficialista no ahorró calificativos contra los magistrados y cargó con munición gruesa contra la narrativa soberana del oficialismo nacional libertario: “Después se llenan la boca hablando de Malvinas y mandan proyectos copiados diciendo que defienden la soberanía. Es indudable que la democracia se encuentra totalmente restringida y tomada de rehén por tres tipos que responden a intereses económicos transnacionales y que buscan disciplinar a la dirigencia política”.

Al momento de la votación nominal, la moción consiguió el respaldo del peronismo y el acompañamiento táctico de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) y de bloques provinciales dialoguistas. Sin embargo, el rechazo en bloque de La Libertad Avanza (LLA) impidió alcanzar la mayoría agravada de dos tercios requerida reglamentariamente para habilitar el pronunciamiento formal del cuerpo, desatando una andanada de recriminaciones cruzadas entre las bancadas.

El clima de polarización se trasladó de inmediato al tratamiento del paquete de cuatro leyes diseñadas para frenar el sobreendeudamiento familiar, regular el crédito digital y prohibir el hostigamiento en las cobranzas extrajudiciales, textos que ahora fueron remitidos al Senado para su sanción definitiva. Las iniciativas sintetizaron un trabajoso acuerdo dentro del panperonismo bonaerense: llevaron las firmas de los camporistas Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; de María Noelia Saavedra, legisladora referenciada en la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández; de Leonardo Moreno, cuadro alineado con el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; y de Ana Luz Balor, diputada del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que responde a Axel Kicillof.

Al defender el plexo normativo en el estrado, el diputado Alejandro Acerbo (MDF) articuló el argumento socioeconómico del oficialismo: “En economía todo tiene causas y consecuencias. El problema de fondo es la estrepitosa caída del salario real por el tarifazo desmedido y paritarias a la baja. El endeudamiento por sí solo no es malo; el drama radica en que este endeudamiento no es voluntario: las familias se endeudan porque están asfixiadas en su economía diaria para comprar comida y pagar servicios”.

En la vereda opuesta, el bloque del PRO votó en contra de los proyectos y ensayó una réplica categórica. Desde la bancada amarilla calificaron la batería regulatoria como un “mamarracho jurídico y financiero”: “Con estas iniciativas se termina perjudicando al usuario y al laburante bajo una bandera ideológica partidaria. Si se quiere legislar con seriedad sobre préstamos usureros o tasas abusivas, hay que ser profesional, responsable y no espantar el crédito formal de la Provincia”.