En medio de la creciente tensión vecinal por los episodios de violencia armada y asaltos en los cordones urbanos, el bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA) lanzó una fuerte ofensiva institucional contra el gobernador Axel Kicillof. A través de una presentación formal en la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, la bancada que responde al armado nacional libertario exigió al Ejecutivo provincial que active de inmediato los mecanismos previstos en la Ley Nacional de Seguridad Interior (N° 24.059) y solicite formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación el envío de fuerzas federales a los distritos más castigados por el delito.

El reclamo de la bancada encabezada por el diputado Juanes Osaba se amparó en los artículos 23 y 24 del plexo normativo nacional, los cuales regulan el empleo coordinado de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y la PSA en territorios provinciales ante cuadros de gravedad que sobrepasan las capacidades operativas locales.

“El Poder Ejecutivo bonaerense debe utilizar todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para proteger de manera efectiva la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. La norma contempla el requerimiento de fuerzas federales cuando circunstancias extremas ponen en riesgo bienes esenciales de la población, y el gobernador Kicillof no tiene una razón válida para renunciar a esa herramienta por diferencias políticas, disputas jurisdiccionales o especulaciones partidarias”, fundamentaron desde el bloque libertario.

En esa línea, advirtieron que la negativa sistemática de Gobernación a convocar a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva termina desprotegiendo a los bonaerenses: “Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, lo que corresponde institucionalmente es coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional”.

Cabe destacar que, para sustentar la exigencia operativa, los legisladores de La Libertad Avanza recurrieron a las estadísticas criminales consolidadas por el Ministerio Público bonaerense, las cuales ratifican una profunda asimetría letal en el mapa distrital: La Matanza registró una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, consolidándose como la marca más alta y alarmante de toda la provincia de Buenos Aires. Ademas, mientras el promedio de los departamentos judiciales del Gran Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata se ubicó en 5,2 crímenes en la misma proporción demográfica, los distritos del interior bonaerense promediaron 2,6.

El planteo legislativo reflotó el antecedente político de febrero de 2025, cuando el propio presidente Javier Milei llegó a solicitar la renuncia del mandatario provincial y planteó la intervención federal en materia de seguridad tras el conmocionante crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata durante un robo cometido por dos menores.

“La seguridad ciudadana no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión. Los bonaerenses tienen el derecho elemental a vivir, trabajar, circular y desarrollarse sin estar expuestos de forma permanente a la violencia delictiva. Recuperar el control territorial debe ser la prioridad número uno. Cooperar con la Nación no implica resignar autonomía ni competencias: implica gobernar con responsabilidad”, remataron los diputados de LLA.