En medio de una catarata incesante de reclamos vecinales por deficiencias en el suministro de agua corriente, el colapso del sistema cloacal en decenas de municipios bonaerenses, y un fuerte cuestionamiento al manejo de los recursos, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) volvió a quedar bajo fuego cruzado. La empresa estatal controlada por la administración de Axel Kicillof abrió una licitación pública nacional para la provisión de cloro licuado con un presupuesto oficial asignado de $1.631.457.610 más IVA, una cifra exorbitante que supera ampliamente los $1.900 millones al computar las cargas tributarias.

El expediente, caratulado como Licitación Pública Nacional N° 5/2026, se tramita bajo el régimen interno de contrataciones de la prestataria con el aval del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que conduce Gabriel Katopodis. El insumo licitado resulta indispensable para los procesos de desinfección y potabilización del agua destinada a la red domiciliaria y el tratamiento de efluentes cloacales en las 90 localidades de su área de concesión.

Los pliegos de bases y condiciones permanecerán disponibles de forma gratuita hasta el próximo 9 de octubre a las 16:00 horas, mientras que la recepción de propuestas técnicas y económicas cerrará el 19 de octubre a las 11:00, momento previo a la apertura virtual de sobres prevista para el mediodía de esa misma jornada.

El nuevo desembolso millonario no hace más que reavivar los cuestionamientos sobre la viabilidad operativa y la caja ABSA. Lejos de autofinanciarse mediante su esquema tarifario, que acumuló fuertes aumentos a lo largo del año golpeando el bolsillo de los usuarios, la prestataria continúa dependiendo de transferencias discrecionales y salvatajes financieros directos de la Tesorería General bonaerense.

El antecedente inmediato desató una fuerte controversia legislativa a fines de agosto, cuando el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) denunció un giro excepcional de $7.500 millones autorizado por la Gobernación para cubrir el rojo operativo de la empresa durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026.

La senadora libertaria Analía Balaudo presentó un duro pedido de informes en la Cámara alta exigiendo explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre el destino real de esos fondos y los mecanismos de fiscalización implementados. “La Provincia sigue inyectando miles de millones de pesos en una empresa ineficiente sin explicar con claridad qué hace con los recursos ni qué mejoras concretas obtiene el usuario. En una provincia quebrada y en emergencia, cada peso que sale del erario público tiene que estar rigurosamente justificado”, reclamaron desde la bancada opositora.