En una maniobra que combinó acuerdos transversales entre las bancadas mayoritarias y un estricto hermetismo previo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a una reforma estructural del Tribunal Fiscal de Apelación (TFA) que impactará de lleno en los contribuyentes y empresas que pretendan litigar contra el fisco provincial. La iniciativa sepulta la gratuidad histórica del acceso a la segunda instancia revisora e introduce una nueva Tasa de Actuación equivalente al 0,75% del monto de la deuda o multa cuestionada a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), destinando la totalidad de esos fondos a engrosar los sueldos y la jerarquización del propio tribunal.

El expediente, caratulado bajo el número D-3107/26-27, fue ingresado formalmente el pasado 26 de agosto con una firma multipartidaria de peso: contó con el aval de los jefes parlamentarios Facundo Tignanelli y Héctor Rubén Eslaiman (Unión por la Patria), Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal), Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello (PRO), y Martín Rozas (Unión y Libertad). El proyecto se aprobó en el recinto el 29 de septiembre y fue girado al Senado bonaerense el 2 de octubre para su sanción definitiva.

Durante el tratamiento en las comisiones de la Cámara baja, el gravamen sufrió incluso un incremento: el texto original preveía una alícuota del 0,60%, pero el dictamen final la elevó al 0,75%.

El corazón de la controversia técnica y ética radica en el destino específico que fija la ley para la nueva tasa. El 100% de los ingresos obtenidos pasará a nutrir el Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET). Si bien el articulado menciona objetivos de infraestructura, informática y capacitación del personal, establece de forma explícita que servirá para financiar las remuneraciones del presidente y los vocales del Tribunal Fiscal.

De esta manera, se genera una paradoja institucional: el contribuyente que deba defenderse de una determinación de oficio o una sanción de ARBA terminará financiando de su propio bolsillo la masa salarial de los jueces administrativos que tienen a su cargo dictaminar en su expediente.

En paralelo, la norma consolida un marcado salto salarial para la cúpula del organismo:

• Equiparación salarial: Las dietas de los vocales del Tribunal Fiscal quedarán homologadas a las de los vocales del Tribunal de Cuentas bonaerense, uno de los escalafones mejor remunerados de la administración pública provincial.
• Adicional de mando: Quien ejerza la presidencia del Tribunal Fiscal percibirá un plus mensual del 10% por encima de dicha base remunerativa.

El texto establece un estricto filtro procesal para garantizar la cobrabilidad del arancel: ante la interposición de un recurso de apelación, si el apelante no acredita el pago de la tasa, el Tribunal librará una intimación con un plazo perentorio para saldarla. En caso de persistir el incumplimiento, la apelación perderá automáticamente su jerarquía de revisión jurisdiccional y se degradará a un mero recurso de reconsideración, retornando el expediente a la sede puramente administrativa del órgano emisor (ARBA).

Mientras los impulsores del acuerdo legislativo defienden la media sanción argumentando la necesidad de profesionalizar un organismo altamente técnico y agilizar la resolución de causas de alta complejidad tributaria, en sectores del derecho administrativo y entidades empresariales advierten que se trata de una flagrante barrera económica de acceso a la justicia administrativa.