La tregua institucional alcanzada horas atrás en la Federación Argentina de Municipios duró poco en el justicialismo bonaerense. La disputa entre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la conducción de La Cámpora sumó en las últimas horas un frente de tormenta de altísimo impacto: el costo de los servicios públicos esenciales.

El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli, se alineó abiertamente con la Defensoría del Pueblo de la provincia para respaldar el fallo judicial que frenó los aumentos en las boletas de electricidad dispuestos por la Subsecretaría de Energía provincial, dejando a la Gobernación en una posición sumamente incómoda y en el ojo de la crítica de sus propios legisladores.

El conflicto se originó a partir de una acción de amparo colectiva promovida por el organismo que comanda Guido Lorenzino contra la Resolución N° 585/2026, mediante la cual el Ejecutivo provincial autorizó incrementos en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de entre el 1,5% y el 3,5% para las prestadoras provinciales. En septiembre, la Justicia ordinaria hizo lugar a la medida cautelar, ordenando la inmediata suspensión de las subas y la restitución de los cuadros previos, fundamentando la decisión en una omisión constitucional: la falta de realización de audiencias públicas previas que garanticen la participación ciudadana antes de cualquier actualización tarifaria.

Lejos de acatar o abrir una instancia de diálogo, el Ministerio de Infraestructura bonaerense decidió ir a la batalla jurídica: la Provincia apeló la cautelar en forma coordinada con las cuatro grandes concesionarias eléctricas (EDELAP, EDEN, EDES y EDEA), elevando el litigio ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, tribunal que ahora tiene la definición en sus manos.

La jugada de Calle 6 generó una rápida reacción en la dirigencia camporista. Facundo Tignanelli, una de las espadas políticas más cercanas a Máximo Kirchner en la Legislatura platense, utilizó sus redes sociales para amplificar un severo descargo de Lorenzino. En ese sentido, fustigó a la administración kicillofista por intentar “instalar una idea equivocada” respecto a que la cautelar ponía en peligro el suministro eléctrico, aclarando con dureza que exigir audiencias públicas y defender los bolsillos de las familias bonaerenses no compromete la continuidad operativa de las empresas.

El gesto del titular del bloque de UP no fue una simple opinión técnica, ya que representó un misil político directo a la línea de flotación de la narrativa de gestión del kicillofismo. Mientras el discurso oficial de la Gobernación busca instalar a Buenos Aires como el “escudo y trinchera” ante el ajuste desmedido de Javier Milei, la decisión de Kicillof de litigar codo a codo con las distribuidoras privadas para sostener un tarifazo sin audiencia pública le abrió a La Cámpora la coartada perfecta para exponer contradicciones en el tablero provincial.