El debate legislativo en el interior bonaerense traspasó todos los límites institucionales para descender a un violento cuadrilátero. El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro fue escenario de un bochornoso altercado que terminó con trompadas al aire, forcejeos, patadas y una formal denuncia penal por presuntas amenazas de muerte e intento de agresión física. El hecho tuvo lugar el jueves 8 de octubre en la localidad rural de Santa Lucía, donde el cuerpo deliberativo celebraba una sesión itinerante.

La presentación en sede judicial y policial fue radicada por el concejal Martín Rivas, presidente de la bancada Consolidación Argentina, quien apuntó de lleno contra el edil Damián Mosquera (del unibloque Nuevos Aires) y contra dos personas que se encontraban ubicadas en el sector del público, identificadas en el escrito como Carlos Palacios y Javier Rodrigo Ance, sindicados como militantes afines al concejal denunciado.

De acuerdo con la reconstrucción asentada en el expediente, la mecha se encendió cuando Rivas hacía uso de la palabra para objetar un expediente vinculado con las actividades de la Semana de la Juventud. Durante su intervención, el legislador cuestionó que se convalidaran compromisos económicos e imputaciones financieras a las arcas comunales sin una previsión presupuestaria sustentable ni dictámenes técnicos rigurosos.

Sus palabras desataron la furia de otros sectores y, entre gritos, personas del público y el propio Mosquera se habrían aproximado  hacia la banca de Rivas con presuntas intenciones de incomodarlo físicamente, mientras le proferían amenazas explícitas de muerte. La gravedad del cuadro obligó a la desesperada interposición de otros concejales, personal auxiliar del HCD y efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quienes debieron actuar cuerpo a cuerpo para impedir que la gresca derivara en lesiones mayores.

El escándalo quedó íntegramente documentado por los teléfonos celulares y las cámaras de los periodistas de medios locales que cubrían las alternativas parlamentarias en Santa Lucía. Esos videos, ya remitidos a la fiscalía de turno, serán determinantes para individualizar las conductas materiales de cada protagonista.

A raíz de lo sucedido, Rivas formalizó la denuncia penal, ofreció testigos directos y solicitó a la Justicia la fijación de medidas cautelares de protección y una orden de restricción de acercamiento (perimetral) contra los acusados.

“Las divergencias políticas y partidarias deben canalizarse y dirimirse con argumentos legislativos en el recinto. Ninguna crítica presupuestaria ni objeción técnica puede justificar jamás patotas, amenazas de muerte o agresiones físicas”, subrayaron desde el bloque Consolidación Argentina, solicitando además que el área de ceremonial del Concejo preserve la totalidad de los archivos de audio y video institucionales.

Previo al estallido, la asamblea legislativa había alcanzado a tratar iniciativas presentadas por la bancada denunciante, como la creación del programa de Cine Distendido, la declaración de interés histórico, cultural y turístico del Paraje Beladrich y una minuta de comunicación requiriendo el estricto cumplimiento de la ordenanza distrital de prevención de la ludopatía juvenil.