El bloque de diputados provinciales del PRO movió el tablero de la coexistencia política con la presentación de un proyecto de ley que busca obligar al Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a concurrir cada tres meses a la Legislatura bonaerense para brindar un exhaustivo informe de gestión y responder preguntas de los distintos bloques políticos.

La iniciativa, ingresada con la firma de la diputada Natalia Blanco y el respaldo de la bancada amarilla que comanda Alejandro Rabinovich, propone incorporar un inciso específico al artículo 25 de la Ley de Ministerios (Ley N° 15.477). El dispositivo replica el formato constitucional que rige en el Congreso de la Nación con la figura del Jefe de Gabinete y establece que el funcionario a cargo de la cartera política deberá concurrir con periodicidad trimestral y de manera alternada a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado provincial.

De acuerdo con el articulado presentado, el informe ministerial no podrá limitarse a generalidades retóricas. El funcionario deberá detallar el estado de la gestión política e institucional en los 135 municipios bonaerenses y la coordinación con las distintas carteras ministeriales, la ejecución presupuestaria en tiempo real, el nivel de avance de los programas de gobierno y el flujo de fondos y subsidios girados a las comunas, las acciones desplegadas en materia electoral y normativa de sufragio, y cualquier otra temática prioritaria formulada formalmente por los legisladores de ambas Cámaras.

Para evitar exposiciones dilatorias, el proyecto del PRO reglamenta un estricto cronograma para la sesión especial, donde el Ministro de Gobierno expondría su balance durante un máximo improrrogable de 30 minutos, tras lo cual se abrirá una ronda de 2 horas ininterrumpidas donde el funcionario estará obligado a responder, de forma oral o escrita, las preguntas e impugnaciones de las bancadas opositoras y oficialistas.

“El Ministro de Gobierno es el principal articulador político del Poder Ejecutivo con los 135 intendentes y con esta Legislatura. De su órbita dependen áreas sumamente sensibles: la relación con los municipios, el esquema electoral y el control de la Ley de Presupuesto. Los bonaerenses tienen derecho a saber cómo se ejecutan los recursos públicos y este Parlamento tiene la manda constitucional de controlar al Ejecutivo. El control no entorpece la gestión: la mejora y fortalece la calidad democrática”, fundamentaron los diputados autores de la norma.

La propuesta amarilla pone el dedo en una llaga institucional histórica de La Plata. La Legislatura bonaerense arrastra casi 26 años sin recibir a un ministro del Poder Ejecutivo en su recinto. El último registro data de noviembre de 2000, cuando el entonces ministro de Seguridad del gobernador Carlos Ruckauf, Ramón Verón, debió sentarse en el Senado tras una interpelación forzada por una crisis delictiva que incluyó requisitorias por la Masacre de Ramallo, el crimen de Mariano Witis, motines carcelarios y abusos policiales.

Desde aquel episodio, todas las administraciones provinciales, tanto los mandatos de Daniel Scioli como el de María Eugenia Vidal y los dos períodos de Axel Kicillof, apelaron a su mayoría o a acuerdos de rosca parlamentaria para bloquear de manera sistemática cualquier pedido de interpelación o comparecencia ministerial en el recinto, derivando los intercambios a discretas reuniones de comisión a puertas cerradas o a contestaciones burocráticas por mesa de entradas.

El proyecto cita además precedentes normativos de provincias como Santiago del Estero, cuya Constitución cataloga la inasistencia injustificada de ministros como causal de mal desempeño, o Neuquén, donde existen herramientas similares de convocatoria obligatoria.