En medio de una creciente ola de hechos delictivos y tras meses de fricciones por los recursos de seguridad en la Tercera sección electoral, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, logró la aprobación en el Honorable Concejo Deliberante de una de sus ordenanzas más controvertidas: la creación formal de la Policía de Prevención Municipal. Se trata de un nuevo cuerpo armado desde la estructura civil comunal que dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano y que contará con un tope operativo inicial de hasta 100 agentes.

El expediente fue aprobado por el bloque oficialista de Unión por la Patria pero chocó de frente contra una resistencia del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la bancada de Vamos que votaron en contra, denunciando que el camporismo avanza sobre competencias exclusivas del Ministerio de Seguridad bonaerense, duplica estructuras burocráticas ya existentes y convalida erogaciones presupuestarias millonarias sin control previo.

Desde la bancada oficialista, el concejal Mariano García salió a blindar la medida impulsada por el Departamento Ejecutivo. Argumentó que el proyecto no busca sustituir a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni entrometerse en investigaciones criminales, sino erigir un esquema de presencia territorial de proximidad, patrullaje preventivo y disuasión rápida. García recordó además que la herramienta forma parte del Sistema de Prevención y Cuidado Local 2026-2027 trazado a comienzos de año: “Vamos a seguir trabajando e invirtiendo recursos propios para que los vecinos de Lanús se sientan seguros. El Municipio tiene la potestad de nominar y organizar su fuerza de cuidado”.

Los cuestionamientos más duros desde el recinto provinieron de la concejala Claudia Serapio (bloque Vamos), quien desglosó la letra chica del paquete normativo y apuntó a la convalidación de dos decretos del intendente incorporados al expediente principal.

Serapio puso la lupa sobre un programa de estímulo financiero creado por el jefe comunal destinado a 120 aspirantes a la flamante fuerza, quienes percibirán un estipendio mensual de $600.000 cada uno. “Estamos convalidando un desembolso mensual de decenas de millones de pesos para personas que todavía no son policías ni agentes formales del Estado municipal”, fustigó la edil.

A su vez, desde la oposición señalaron que las municipalidades de la provincia de Buenos Aires carecen de atribuciones constitucionales delegadas para fundar "policías", una potestad no conferida por la Ley Orgánica de las Municipalidades ni por la Carta Magna provincial, y advirtieron que el rol de los 100 agentes colisiona de manera idéntica con el personal que ya se desempeña en los móviles de Seguridad Ciudadana municipal y las cuadrículas de la Policía Bonaerense.

Por otro lado, rechazaron la incorporación de 15 nuevos cargos ejecutivos y directivos creados dentro de la ordenanza para conducir la fuerza civil, denunciando la ampliación de la planta jerárquica municipal, y recordaron que el polo de formación local funciona desde 2014, recuperado y modernizado durante la anterior gestión de Néstor Grindetti, y que recibía aspirantes de distritos vecinos, acusando al actual gobierno de desarticular ese esquema regional.