En un reclamo formal que promete abrir un fuerte frente de conflicto sanitario e institucional en varios palacios comunales y en las oficinas de las prestatarias de saneamiento, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires remitió pedidos de informes a 11 municipios bonaerenses tras la detección de concentraciones críticas de arsénico en el agua destinada al consumo humano. La intimación técnica tomó como base el relevamiento sistemático del Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

“La presencia natural de arsénico en determinadas napas y cuencas subterráneas de nuestra provincia es una problemática geológica conocida y extendida, pero ello bajo ningún punto de vista puede traducirse en una ausencia sistemática de controles ni en un apagón informativo hacia las comunidades expuestas. Garantizar el acceso al agua segura exige monitoreos periódicos, difusión pública de los resultados y la ejecución inmediata de obras cuando los análisis marcan niveles de riesgo para la salud”, advirtieron desde la entidad profesional que preside Carlos Colángelo.

El requerimiento técnico interpela directamente a las secretarías de Salud, Obras Públicas y Medio Ambiente locales para que transparenten; el cronograma de toma de muestras y el alcance real de los controles de laboratorio en redes y pozos domiciliarios, los parámetros físico-químicos más recientes y la geolocalización exacta de las perforaciones donde se constataron valores por encima del Código Alimentario Argentino, las plantas de abatimiento, sistemas de ósmosis inversa o planes de contingencia adoptados o proyectados por los municipios y las prestatarias, y las alertas sanitarias y pautas preventivas emitidas formalmente a los vecinos en zonas sin red formal.

De acuerdo con la actualización del mapa científico del ITBA, el cuadro de alerta abarca tanto a corredores agroproductivos del interior como a densos cordones urbanos del Área Metropolitana. En el interior bonaerense se registraron valores alarmantes en puntos de 9 de Julio, Guaminí, San Vicente, Monte, Partido de La Costa, Mercedes y Chivilcoy. Por su parte, en el Conurbano bonaerense (AMBA), se identificaron muestras con registros elevados en zonas específicas de Vicente López, Ezeiza, Almirante Brown y General Rodríguez.

Desde el Consejo Profesional aclararon que los datos analizados corresponden a puntos de muestreo puntuales, por lo que no es técnicamente riguroso generalizar la misma concentración a la totalidad de los cascos urbanos ni a la red troncal completa. Sin embargo, recalcaron que la presencia de focos con niveles excesivos vuelve obligatorio el control estatal para descartar el consumo crónico del mineral, causante del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).

Para fundamentar la exigibilidad del reclamo, la institución que conduce Colángelo invocó un antecedente judicial de máxima jerarquía: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en Bragado, donde el máximo tribunal dejó firme la sentencia que obligó a la empresa estatal bonaerense a ejecutar obras urgentes de infraestructura y proveer agua potable segura a los vecinos amparistas.

“El antecedente de Bragado demuestra de manera taxativa que la calidad del agua no constituye únicamente una aspiración ambiental o sanitaria, sino una obligación jurídica concreta y de cumplimiento exigible para los prestadores del servicio y los poderes públicos”, sentenciaron desde la entidad, exigiendo una mesa de articulación urgente entre el gobierno provincial, los municipios, las universidades y las empresas prestatarias.