En momentos en que la administración de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires enfrenta una de sus semanas más complejas por el inminente paro de 24 horas convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y el estancamiento de las paritarias, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que conduce Flavia Terigi volvió a quedar en el ojo de la tormenta política.

Dos expedientes administrativos revelan erogaciones millonarias bajo modalidades contrapuestas: por un lado, una compulsa pública para adquirir 3.000 matafuegos por más de $1.414 millones; por el otro, una polémica contratación directa en dólares adjudicada a la firma Grupo Net S.A. para el alquiler semestral de un mainframe informático por USD 450.000 (unos $675 millones al tipo de cambio de cierre de junio), con el agravante de que el propio dictamen oficial reconoció la imposibilidad de certificar si el precio pagado es razonable.

El primer expediente se formalizó bajo la Resolución RESO-2026-12313-GDEBA-SSAYRHDGCYE, con un presupuesto oficial asignado de $1.414.020.000 para equipar a establecimientos escolares de los 135 distritos. El proceso se gestiona a través del portal electrónico Buenos Aires Compras (PBAC) y tiene fijada su apertura de sobres para el próximo 19 de octubre a las 10:00, lo que equivale a un costo unitario estimado en torno a los $471.000 por extintor.

Sin embargo, el trámite que encendió todas las alarmas en la oposición parlamentaria y en los gremios estatales es la Contratación Directa N° 3/26. A través de ese mecanismo de excepción, la DGCyE adjudicó a Grupo Net S.A. el arrendamiento por solo seis meses de un equipo informático IBM Z114, modelo 2818-Y01. La fundamentación oficial justificó la urgencia en sostener una estructura de contingencia mientras se implementa una nueva plataforma tecnológica para liquidar los salarios de 1,3 millones de recibos de sueldo de la planta docente y auxiliar.

Lejos de despejar sospechas, la letra chica del expediente tiene llamativas desprolijidades técnicas. En ese marco, la evaluación interna de la cartera educativa dejó asentado por escrito que el organismo no contaba con elementos objetivos para determinar la razonabilidad económica del valor ofertado por la empresa proveedora. A su vez, el servicio arrendado ni siquiera figuraba en el catálogo de precios testigo de la OPC, sino que el valor en moneda dura fue convalidado basándose esencialmente en un informe de estructura de costos presentado de manera unilateral por la propia adjudicataria.

En este marco, la resolución estipuló que el contrato podrá prorrogarse por un período adicional equivalente al 100% del plazo original, lo que elevaría el desembolso total a casi un millón de dólares. Finalmente, se argumentó que Grupo Net ya operaba en el área y era la propietaria del hardware, esquivando cualquier posibilidad de compulsa o búsqueda de alternativas de mercado en moneda local.