En una embestida institucional que apunta directamente a uno de los flancos más cuestionados de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento platense, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para terminar con el sistemático silencio del gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa, encabezada por el diputado Luis Ontiveros, busca reglamentar de manera obligatoria los mecanismos, plazos y sanciones para que los ministerios provinciales respondan formalmente las solicitudes de informes que aprueba la Legislatura.

En ese sentido, fomando como base un relevamiento oficial de la propia Cámara de Diputados bonaerense, el proyecto consigna que entre 2023 y 2026 se formalizaron 484 solicitudes de informes, de las cuales el oficialismo apenas habilitó la aprobación de 16 expedientes en el recinto, sin que Calle 6 emitiera respuesta formal para ninguno de ellos. La inercia se profundizó en el período 2026-2027: sobre 95 proyectos ingresados, solo 1 fue aprobado y tampoco obtuvo contestación. En números agregados: de 579 requerimientos impulsados por los distintos bloques opositores, apenas 18 sortearon el filtro parlamentario y el Ejecutivo jamás respondió uno solo.

“Garantizar que las solicitudes que consiguen dictamen y aprobación de la Cámara tengan una respuesta concreta no representa un privilegio partidario, sino una condición republicana indispensable para ejercer el control de los actos de gobierno que ordena el artículo 90 de la Constitución provincial”, argumentó Ontiveros, representante de la Tercera sección electoral.

El articulado presentado por los libertarios instaura un corsé procedimental inédito para la administración pública bonaerense y fija una regla general de 30 días hábiles administrativos para que los ministerios giren las respuestas tras recibir la notificación de la Cámara. Para casos de complejidad técnica extrema, el término podrá prorrogarse hasta 60 días, mientras que para los pedidos calificados como urgentes se establece un tope de 10 días hábiles.

En este sentido, la Gobernación solo podrá requerir una única extensión excepcional de hasta 30 días, la cual deberá ser fundada y quedará sujeta a la aprobación de la Presidencia de la Cámara respectiva. En ese marco, las contestaciones deberán ser completas, documentadas y fundadas; no se admitirán respuestas evasivas ni se convalidará que una entrega parcial clausure el expediente.

Cabe destacar que, vencido el plazo sin contestación, el Parlamento intimará por 10 días hábiles adicionales. De persistir la reticencia, se configurará formalmente un incumplimiento de los deberes funcionales bajo la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado Público) para el personal de línea involucrado, abriendo además la vía de responsabilidades constitucionales y juicio político para los funcionarios de designación ministerial. A su vez, los pedidos de informes no caducarán con el cierre del período legislativo y seguirán abiertos hasta su efectiva contestación por parte del Estado.

El dispositivo normativo contempla además la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Solicitudes de Informes, integrada por seis diputados y seis senadores bajo un esquema de representación proporcional, encargada de auditar los plazos, labrar actas de omisión y publicar balances trimestrales de cumplimiento del Ejecutivo.

La jugada cuenta con la firma del titular del bloque libertario, Juanes Osaba, y de los legisladores Geraldine Calvella, Pablo Morillo, Abigail Gómez, María Fernanda Coronel y Carla Pannelli, aglutinando a todo el espacio en torno al reclamo.