En una advertencia institucional que sacude el tablero sanitario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires activó una serie de intimaciones formales dirigidas a los ejecutivos comunales de cuatro distritos estratégicos del Conurbano: Ezeiza, Almirante Brown y General Rodríguez.

La entidad que nuclea a los matriculados bonaerenses requirió datos y auditorías inmediatas tras la identificación de muestras con concentraciones elevadas de arsénico en agua destinada al consumo humano, registradas en la última actualización del Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

“La presencia natural de arsénico en determinadas napas subterráneas de nuestra provincia es una problemática geológica conocida, pero ello no puede traducirse bajo ningún punto de vista en un apagón informativo ni en la falta de monitoreos sobre la población potencialmente expuesta. Garantizar el acceso al agua segura exige controles sistemáticos, transparencia pública y la inmediata ejecución de obras de mitigación cuando los valores superan los límites del Código Alimentario Argentino”, enfatizaron desde la institución técnica conducida por Carlos Colángelo.

El emplazamiento remitido a las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Obras Públicas de las cuatro comunas metropolitanas exige que se detallen puntos críticos de la gestión hídrica local como la geolocalización exacta de las fuentes de captación donde se constataron valores anómalos y los resultados de los análisis físico-químicos más recientes, la periodicidad con la que los municipios y las prestatarias (AySA y servicios locales) auditan las redes troncales y las perforaciones domiciliarias en zonas sin conexión formal, los proyectos en marcha para la instalación de plantas de abatimiento, sistemas de intercambio iónico o módulos de ósmosis inversa, y las campañas preventivas y recomendaciones sanitarias emitidas formalmente a los habitantes de los barrios afectados para evitar el consumo directo y la cocción con agua contaminada.

El mapa del ITBA expone que la problemática no es privativa de la pampa húmeda o los distritos rurales sino que en el Conurbano se detectaron puntos calientes con niveles que ameritan un seguimiento exhaustivo.

Desde el Consejo Profesional de Químicos subrayaron que los resultados corresponden a tomas de muestras puntuales, por lo que no puede inferirse de forma lineal que la totalidad de los cascos urbanos ni la red de distribución completa de esos municipios se encuentren contaminados. No obstante, recalcaron que la existencia comprobada de focos con concentraciones elevadas torna urgente la intervención del Estado para prevenir el consumo prolongado de este metaloide, principal causante del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una patología que desencadena afecciones dermatológicas, trastornos respiratorios y un mayor riesgo de patologías oncológicas.

Para fundamentar la exigibilidad inmediata de las respuestas, la entidad que preside Colángelo invocó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de ABSA en Bragado, donde el máximo tribunal sentó jurisprudencia vinculante al consagrar el acceso al agua potable como un derecho humano operativo que obliga a prestatarias y poderes públicos a realizar las inversiones necesarias para garantizar la salubridad del suministro.

“El antecedente de Bragado demuestra de manera categórica que la potabilidad del agua no es un mero objetivo declarativo, sino una obligación legal y civil de cumplimiento exigible para los prestadores del servicio y las autoridades públicas”, recordaron desde el Consejo, reclamando la conformación de una mesa técnica de trabajo articulada entre los intendentes del AMBA, la empresa AySA, las áreas de Salud provinciales y la comunidad científica.