Las contrataciones directas y prórrogas de locación de inmuebles por parte del Estado municipal suelen quedar atrapadas en la trastienda de la burocracia local, pero en ocasiones los expedientes revelan piezas de un rompecabezas institucional mucho más complejo. Según las denuncias penales y éticas presentadas por el doctor Juan Manuel Martínez, la relación contractual entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la firma Puerto Melo S.A. —representada por el entonces presidente del Colegio de Abogados de del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Rafael Gentili— acumulaba severas irregularidades administrativas, observaciones explícitas de la Contaduría General que habrían sido ignoradas por el Departamento Ejecutivo y un sugestivo puente con el Concejo Deliberante en plena época de restricciones sanitarias.

La advertencia de la Contaduría y las insistencias ejecutivas

Según la documentación que consta en las denuncias penales y éticas presentadas por el abogado, la relación comercial entre la Municipalidad de Bahía Blanca y la firma Puerto Melo S.A. por el inmueble de la calle Luis María Drago 45 —destinado al Museo del Deporte— acumulaba severas inconsistencias administrativas. Conforme al expediente comunal y al Decreto Municipal 563/2020, el propio órgano de control interno de la Contaduría General formalizaba un reparo explícito por el incumplimiento del procedimiento de contratación pública. Pese a esa advertencia técnica, la gestión ejecutiva municipal resolvía "insistir en la prosecución del pago", según se desprendía de la resolución oficial de la época.

A su vez, de acuerdo con los escritos del denunciante, el contrato original con la firma representada por el abogado Rafael Gentili (actual Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires –COLPROBA-). se extendía a lo largo de una década. Según las constancias de la Administración Federal (ex-AFIP / ARCA), la sociedad comercial ajustaba su objeto social —de la explotación agropecuaria a la locación de inmuebles propios— poco tiempo antes de convertirse en proveedora recurrente del Estado local.

El alquiler en tiempos de pandemia y la intermediación inmobiliaria

Según se desprende de las actuaciones administrativas relativas a los períodos de restricción sanitaria (2020-2021), el canon locativo abonado a la empresa sufría rectificaciones en aumento. Ello ocurría en un contexto donde los espacios culturales permanecían cerrados al público y regía el congelamiento normativo de alquileres para entidades de bien público. En contraposición, según la denuncia presentada, otros bienes locados por el municipio —como el espacio del club Villa Mitre— registraban montos significativamente menores y se readecuaban formalmente para la atención epidemiológica.

Asimismo, según figura en los registros de decretos municipales, las adendas contractuales sumaban pagos en concepto de honorarios al martillero intermediario Carlos Spinelli. Un caso señalado por el denunciante era el Decreto 292/2025, el cual incorporaba una cláusula retroactiva del 4% en concepto de comisiones por $1.920.000, apenas semanas después de haberse firmado un acuerdo principal que no estipulaba dicho rubro.

Cruzamiento de roles, domicilio compartido y la convalidación legislativa

Conforme a las fichas de matriculación, registros fiscales y actas institucionales, Rafael Gentili ejercía en forma simultánea la representación legal de Puerto Melo S.A. y la presidencia del Colegio de Abogados de Bahía Blanca (CABB), espacio desde el cual reclamaba públicamente por la situación económica de los profesionales colegiados.

Paralelamente, la documentación de la ex-AFIP y los datos registrales pondrían de manifiesto la existencia de un domicilio fiscal y profesional compartido en calle Alsina 184 entre la empresa locataria, Gentili y el exconcejal y expresidente del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Fernando Matías Compagnoni.

Según el Diario de Sesiones del 1 de junio de 2021, el propio Compagnoni presidía la asamblea deliberativa en la que se votaba la aprobación por unanimidad del expediente 905-HCD-2015, convalidando los cánones de la firma comercial en cuestión. Este entramado de vínculos configuraba, según la denuncia impulsada por Aráoz, una potencial transgresión al artículo 265 del Código Penal y a los deberes de ética pública.

Variaciones presupuestarias e inconsistencias de deudas en el Colegio de Abogados

Según las planillas comparativas de los balances contables del CABB, la gestión institucional registraba oscilaciones financieras llamativas entre los períodos 2019 y 2025. De acuerdo con las memorias revisadas por la colegiación, la partida "Conservación y mantenimiento de inmuebles" pasaba de $20.749,92 en el ejercicio 2023 a la cifra de $6.621.877,43 en 2024, lo que representaba un incremento porcentual superior al 30.000% antes de retraerse en el período siguiente. En esa misma línea, el rubro acumulado para la "Remodelación edificio Sarmiento 54" ascendía a $95.992.679,22 en la memoria de 2025.

En contraste con las erogaciones del colegio profesional, según los extractos de liquidación tributaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, la sede principal del CABB (Partida 0013020) acumulaba a comienzos de 2026 una deuda por tasas municipales superior a los 16,9 millones de pesos entre capital e intereses. Del mismo modo, según los registros de deuda comunal, otras propiedades vinculadas a la firma locataria mantenían saldos pendientes con las arcas locales mientras se efectivizaban los cobros por los alquileres del Museo del Deporte.

 

 

Además, se concretó una denuncia penal promovida ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca para determinar la posible comisión de delitos de acción pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal). Requiere el secuestro y análisis de los expedientes administrativos (Expte. Municipal 1-311-6706-2015 y Expte. HCD 905-HCD-2015), la trazabilidad de los pagos de alquileres y comisiones, y pericias contables independientes.

A su vez, se realizó una denuncia Disciplinaria y Ética, presentada formalmente ante el Consejo Directivo del Colegio de Abogados para investigar eventuales violaciones a las Normas de Ética Profesional y a la Ley Prov. 5.177, ante un posible conflicto entre intereses comerciales privados y el deber del cargo institucional.

Finalmente, se llevaron a cabo peticiones de Acceso a la Información y Transparencia, donde matriculados y sectores del foro local exigieron la apertura de la documentación respaldatoria, libros contables y comprobantes de pago para dar claridad a la administración de los fondos públicos e institucionales.