Una nueva contratación impulsada por el intendente Julián Álvarez encendió el debate sobre el destino de los fondos públicos en el Municipio de Lanús. A través de la Licitación Pública N.º 36/2026, el Municipio oficializó un presupuesto de $414 millones con el objetivo de llevar adelante la parquización, instalación de jardines verticales, maceteros, vegetación y sistemas de riego en los pasos bajo nivel Moisés Lebensohn y Juan Manuel de Rosas.

Desde el Palacio Municipal argumentaron que los trabajos buscan embellecer y revalorizar dos de los accesos principales que conectan los sectores este y oeste del municipio. Sin embargo, la magnitud de la cifra destinada a un fin netamente estético generó inmediato malestar entre los vecinos y la oposición, que cuestionan la falta de foco frente a deficiencias prioritarias en materia de obras e infraestructura básica.

El gasto en vegetación no representa un hecho aislado. Meses atrás, la administración local quedó envuelta en controversias al licitar por $680.781.810 la renovación de la cancha de hockey del Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada. El eje de las críticas apuntó a que la instalación ya se encontraba operativa y en uso deportivo habitual.

La obra planteó el recambio de 5.750 metros cuadrados de superficie, colocación de césped sintético, luminarias, instalaciones eléctricas, drenaje y barandas. Frente a la postura oficial que catalogó la intervención como una mejora indispensable de seguridad, concejales de la oposición objetaron el costo y exigieron explicaciones. La edil Patricia Werenicz (La Libertad Avanza) alertó sobre el esquema de contratación, los anticipos financieros del 20% y los costos futuros de mantenimiento, rechazando el aval a una inversión millonaria sobre una estructura previa sin las respuestas correspondientes.

El esquema de prioridades y control de recursos en Lanús también sumó observaciones en materia de Seguridad Ciudadana. La auditoría del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre el ejercicio 2024 detectó irregularidades en el circuito administrativo de carga de combustible por un monto superior a los $52 millones.

El órgano fiscalizador remarcó la falta de registros sobre los vehículos abastecidos, los agentes intervinientes y los responsables de autorizar los despachos, omitiendo el uso de órdenes de compra reglamentarias. Pese a que la Comuna justificó los movimientos en la urgencia por mantener los patrulleros en calle durante la emergencia en seguridad, el organismo desestimó el argumento y aplicó multas y sanciones a funcionarios del área y al propio intendente Álvarez.

Este antecedente coincidió con la tramitación de un leasing con la Provincia por $2.100 millones para la adquisición de 30 camionetas, procedimiento también cuestionado por el arco opositor dada la escasez de datos técnicos.

Entre la compra de vegetación ornamental para los cruces ferroviarios, remodelaciones de instalaciones ya existentes y las inconsistencias registradas en insumos de seguridad, la administración de Julián Álvarez vuelve a quedar en el centro de las críticas por el criterio de asignación y el control sobre las arcas comunales.