La controversia por la venta de tierras públicas en la zona de humedales de Hudson continúa sumando repercusiones en el distrito de Berazategui. Luego de una investigación que expuso la cesión de 21.800 metros cuadrados de espacio público a un emprendimiento privado por $176,4 millones, la oposición política y las organizaciones ambientalistas salieron a cruzar duramente al Ejecutivo municipal a cargo de Carlos Balor por el manejo del patrimonio comunal y los procedimientos de control ambiental.

La operación, convalidada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 6909/26, autorizó la venta directa de sectores correspondientes a las calles 178 y 184 a la firma Desarrollos Vivir S.A., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Hudson Lagoon. La transacción se fijó a un valor estimado de $8.092 por metro cuadrado, a saldar en cuatro cuotas, una cifra fuertemente cuestionada por su bajo costo en comparación con el valor de mercado en áreas ribereñas.

Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) emitieron un comunicado ratificando su voto negativo y denunciando irregularidades en el tratamiento del expediente dentro del recinto. Según manifestaron, el proyecto ingresó sobre la hora sin dar el tiempo necesario para un análisis exhaustivo.

Asimismo, desde la bancada libertaria detallaron la votación. A favor del proyecto se manifestaron los bloques de Unión por la Patria, PRO y Nuevos Aires. En contra, estuvieron los seis integrantes del bloque de La Libertad Avanza.

Además, desde LLA vincularon esta transacción con los efectos de la Ordenanza N.º 6552 (creadora del distrito Eco Urbano Berazategui Norte) y exigieron su derogación por el impacto negativo del avance inmobiliario sobre áreas de bosques protegidos y humedales.

Por su parte, el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente sumó un durísimo posicionamiento contra la Comuna. La entidad puso en duda la situación legal previa de los terrenos, advirtiendo que el barrio cerrado Hudson Lagoon comenzó su construcción hace más de una década. Para la organización, esta venta "a destiempo" abre la sospecha de que el desarrollo privado habría avanzado y construido previamente sobre calles públicas antes de contar con la autorización formal o la titularidad de las tierras.

En su reclamo, el Foro también remarcó la falta de participación ciudadana, e invocaron el Acuerdo de Escazú, señalando que la venta de espacios públicos con valor ambiental no contó con instancias previas de consulta vecinal ni transparencia informativa. A su vez, señalaron que el caso se suma a otros episodios recientes, como intervenciones en la "Lagunita de Hudson", podas en el acceso de la calle 63 y la proyección del Club Náutico Hudson en zonas de Reserva. En ese marco, cuestionaron la pérdida de patrimonio público y exigieron saber en qué se aplicará el dinero recaudado por el Municipio.

El conflicto se desarrolla en un contexto legal complejo. En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una medida cautelar que ordenó frenar los desmontes y movimientos de suelo vinculados al proyecto Distrito Eco Urbano Berazategui Norte (Ordenanza N.º 6552/24), tras la presentación de amparos por parte de agrupaciones ecologistas.

Hasta el momento, ni las autoridades del Ejecutivo municipal de Berazategui ni los representantes de la firma Desarrollos Vivir S.A. han emitido respuestas oficiales frente a las denuncias por la falta de subasta pública, el valor asignado al metro cuadrado y los cuestionamientos sobre los controles ambientales en la costa.