La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de discusión presupuestaria. A través de la Resolución N.º 12133-SSAYRHDGCYE-2026, la cartera conducida por Flavia Terigi aprobó el arrendamiento directo por seis meses de un servidor mainframe IBM Z114 a la firma Grupo Net S.A., con un costo fijado en US$450.000.

El equipamiento funciona como respaldo técnico para el proceso de migración y liquidación del sistema de recursos humanos y sueldos de la dependencia. La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece un monto equivalente a $675 millones (calculado al tipo de cambio de $1.500) y contempla una cláusula que permite la prórroga del contrato por un período idéntico hasta un 100% de su valor inicial.

La resolución oficial se dio a conocer en simultáneo con una marcha de SUTEBA (seccionales opositoras), estatales y profesionales de la salud bonaerenses hacia la sede de la Gobernación en La Plata. Los sectores en lucha rechazan la pauta salarial dispuesta por la administración de Axel Kicillof, que fija un incremento del 6% en dos cuotas (que equivale a unos $21.540 por tramo para el cargo testigo de maestro y $23.850 para preceptores).

Durante la movilización se escucharon duras críticas de la dirigencia gremial, quienes considerarón una "provocación" el aumento ofrecido por el Ejecutivo y denunció que se aplican descuentos por días de paro que promedian los $85.000 y pueden alcanzar hasta los $400.000. A su vez, se reclamó la unificación de los reclamos entre las áreas de salud y educación para exigir un plan de lucha integral y salarios equivalentes a la canasta familiar.

La contratación genera observaciones técnicas en cuanto a su evaluación de costos. En el propio expediente, los técnicos de la DGCyE admitieron no poseer referencias previas ni parámetros para definir la razonabilidad económica de la propuesta enviada por Grupo Net S.A., proveedora previa y dueña del hardware.

Al no encontrarse este servicio en el listado de precios de referencia del Organismo Provincial de Contrataciones, la valoración presupuestaria se convalidó a partir de una estructura de costos confeccionada por la misma empresa proveedora. Aunque el procedimiento omitió una compulsa pública de ofertas, la resolución contó con la aprobación legal y técnica de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.