El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, salió a respaldar la actuación de los organismos nacionales en el operativo que permitió el paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por la ciudad de Puerto Iguazú antes de abordar un vuelo chárter privado rumbo a Ecuador.

El funcionario remarcó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro presentó la documentación correspondiente y que, al momento del control migratorio, no registraba ningún pedido de captura internacional. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, eso es lo que ha pasado. Migraciones lo autorizó porque no había impedimento formal de Interpol”, aseveró el ministro coordinador para desestimar las acusaciones opositoras.

Sin embargo, a pesar del intento de Balcarce 50 por encuadrar el hecho en un trámite administrativo regular, el frente judicial sumó volumen en los tribunales federales de Retiro. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a instancia del dictamen de la fiscal Paloma Ochoa, notificó a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que remitan los registros oficiales sobre el ingreso, la fiscalización de la aeronave de la empresa Baires Fly y el estatus legal del dirigente.

En ese marco, las actuaciones se desencadenaron a partir de las presentaciones realizadas por el dirigente de la izquierda Gabriel Solano y por el diputado Esteban Paulón. Las denuncias apuntan contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En paralelo, ingresó un planteo de la diputada Marcela Pagano ante los tribunales federales de Misiones.

En el ámbito legislativo, los bloques opositores encendieron las alarmas por la presunta intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el esquema de custodia que acompañó la comitiva en la pista.

Diputados y senadores del peronismo elevaron una solicitud de informes en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el legislador libertario Sebastián Pareja. La oposición exige que el Poder Ejecutivo detalle si se utilizaron recursos, fondos reservados o personal de inteligencia para facilitar el despegue de la aeronave privada.