El Senado de la Nación aprobó este jueves con media sanción el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental (N° 26.657), que introduce modificaciones sustanciales en el régimen de internaciones involuntarias, amplía el abordaje sanitario sobre las adicciones y establece un esquema de cooperación económica con las provincias. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, cosechó 42 votos afirmativos aportados por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales, frente a 21 votos en contra de la oposición.

Tras un intenso debate en el recinto, el texto fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión final, luego de que el oficialismo aceptara incorporar modificaciones presupuestarias y garantías procesales para destrabar el acompañamiento de las bancadas federales.

El núcleo central de la reforma apunta a modificar los criterios y plazos requeridos para disponer una medida de internación sin el consentimiento del paciente en situaciones de emergencia. Así, la norma habilita a que un solo profesional médico (preferentemente psiquiatra) pueda disponer la internación involuntaria inmediata cuando constante un "riesgo grave" para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Luego, el equipo de salud completo deberá revisar y revalidar la medida dentro de las 48 horas posteriores, permitiéndose la utilización de teleconsultas con especialistas. La decisión continuará siendo informada al ámbito judicial. A su vez, se exige la elaboración de un plan de alta desde el diagnóstico inicial y la notificación previa a familiares o representantes legales para garantizar el acompañamiento ambulatorio posterior.

Cabe destacar que la reforma incorpora expresamente la atención de la ludopatía y otras adicciones conductuales. Asimismo, prohíbe la apertura de nuevos manicomios y exige salas de internación infantojuveniles independientes de las de adultos.

“Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente”, argumentó la senadora libertaria Ivana Arrascatea, presidenta de la Comisión de Salud, mientras que Patricia Bullrich remarcó que las internaciones mantendrán un carácter excepcional dentro del sistema.

Pese al acompañamiento en general, la discusión legislativa puso de relieve el estado de alerta de las provincias respecto al financiamiento del sistema público de salud. Senadores de bloques opositores y provinciales, como Guillermo Andrada, Carolina Moisés, Gerardo Zamora y Carlos Arce, cuestionaron que se le asignen nuevas responsabilidades de atención a las jurisdicciones sin la partida presupuestaria correspondiente.

Para salvar esta objeción, LLA aceptó incluir una cláusula de asistencia financiera coordinada que deberá quedar formalizada en la ley de Presupuesto 2027. Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad acompañó en general con salvedades respecto a la continuidad de los hospitales monovalentes, marcando que la prioridad debe ser garantizar un modelo comunitario y sin superposición de recursos.