La política de concesiones viales del Gobierno nacional a cargo de Javier Milei sufrió un duro revés en la provincia de Buenos Aires. A apenas dos semanas de haber autorizado incrementos tarifarios de hasta el 330% en las estaciones de peaje de la Ruta Nacional 5, el Poder Ejecutivo debió retrotraer los valores tras constatarse que la empresa concesionaria, Pentavía, controlada por la constructora mendocina Coesa, no cumplió con las obras de puesta en valor y mantenimiento que condicionaban legalmente las subas.

La marcha atrás alcanza a los peajes ubicados en las localidades de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, a lo largo del corredor de 546 kilómetros que conecta la ciudad de Luján con Santa Rosa, La Pampa. La resolución oficial no solo implica la restitución del cuadro tarifario anterior, sino también la aplicación de multas económicas y la devolución a los usuarios de las sumas cobradas en exceso durante el periodo de vigencia del ajuste.

MÁS DE 500 KM DE LA RN 5 FUERON REHABILITADOS CON INVERSIÓN PRIVADA En el marco de la Red Federal de Concesiones, sin el uso de recursos públicos y con inversión 100% privada, se completaron las obras de rehabilitación sobre 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, uno de los principales corredores que conectan las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Los trabajos estuvieron destinados a optimizar la transitabilidad y la seguridad vial y fueron finalizados en tres meses desde la toma de posesión del corredor.

— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 21, 2026

Los incrementos habían sido convalidados a mediados de octubre por el Ministerio de Economía bajo la premisa de que la concesionaria había acreditado las primeras intervenciones de conservación en la calzada. De esta manera, el peaje mediante el sistema TelePASE para automóviles particulares había saltado de $1.787,10 a $4.262,18, mientras que el cobro manual llegó a alcanzarse en $8.524,36. En tanto, las unidades de transporte de cargas de tres ejes pasaron de abonar $5.361,30 a $12.786,52 por pase.

Sin embargo, tras las constantes denuncias de los automovilistas y las inspecciones posteriores del organismo vial, se comprobó que los trabajos estaban inconclusos y que la empresa no disponía del equipamiento ni del personal operativo necesario. Frente a este escenario, la operadora intentó justificar las demoras en las persistentes precipitaciones asociadas al fenómeno climatológico de El Niño, argumento que fue desestimado por las autoridades nacionales.

Ante la gravedad del caso, Vialidad Nacional dispuso el desplazamiento inmediato del supervisor a cargo del tramo, a quien se le abrió un sumario administrativo por haber firmado las actas que avalaban las supuestas mejoras. A la par, el organismo instruyó dos expedientes sancionatorios dirigidos a establecer el monto definitivo de la multa que deberá pagar Pentavía y la mecánica para hacer efectiva la devolución del dinero percibido indebidamente entre mediados de octubre y los primeros días de noviembre.

El fallido procedimiento sobre la Ruta 5 encendió las alarmas sobre el esquema de concesiones aplicado en otros trazados nacionales de la provincia. Las miradas se posaron sobre las rutas 3, 205 y 226, operadas por la firma Corresur, donde se habilitaron subas de hasta el 100% en las estaciones de Hinojo y Uribelarrea bajo la misma premisa de obras iniciales. La situación dejó al descubierto serios interrogantes sobre la rigurosidad de los controles estatales al momento de validar los tarifazos.

En paralelo, la tensión política y social en torno a la Ruta 5 se profundizó debido a la paralización de la autovía y la postergación de obras clave para la seguridad vial en una vía prioritaria para el transporte agroproductivo y los trayectos hacia la formación Vaca Muerta.

Frente a la inacción del Estado nacional, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, anunció la presentación de un recurso de amparo en forma conjunta con sus pares de Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares para congelar las tarifas e impedir el montaje de una nueva cabina en Gorostiaga hasta tanto no se ejecute el tramo de autovía entre Mercedes y Suipacha. A este reclamo se sumaron dirigentes de la Unión Cívica Radical y miembros del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, quienes exigen respuestas judiciales y la fijación de plazos obligatorios de inversión privada.