El intendente de General Madariaga, el radical Esteban Santoro, elevará de manera inminente un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante local para declarar la emergencia del parque automotor policial en todo el partido. La decisión del Ejecutivo comunal se fundamenta en la falta de respuesta y recursos por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Javier Alonso, lo que dejó al esquema de patrullaje local en una situación operative alarmante.

La denuncia comunal vuelve a poner bajo la lupa la distribución de fondos de la gestión de Axel Kicillof hacia los municipios del interior, afectando directamente la prevención del delito en las zonas productivas. El foco más severo de la crisis se concentra en el Comando de Prevención Rural (CPR), encargado de velar por la seguridad en el vasto territorio de producción agropecuaria del distrito. Según el informe técnico de la Comuna, el cuadro de situación refleja un severo desamparo operativo.

El CPR cuenta con 29 efectivos asignados pero dispone de un único patrullero en funcionamiento para cubrir una red que supera los 700 kilómetros de caminos rurales. En ese marco, otros tres vehículos permanecen paralizados por fallas mecánicas graves, tales como roturas de motor y problemas en el tren delantero, sin recibir repuestos oficiales. Cabe destacar que, a la falta de repuestos se suma que el propio Ministerio de Seguridad requirió una de las camionetas operativas del CPR hace un mes y aún no brindó precisiones sobre su restitución.

Desde el municipio remarcaron que las autoridades del área vienen elevando informes de advertencia a la cartera que conduce Alonso desde principios de año, sin obtener respuestas concretas.

Ante el vaciamiento de insumos, el Municipio de General Madariaga debió volcar más de $60 millones de recursos propios para evitar el colapso del sistema de seguridad local. Las autoridades municipales denunciaron que el Ministerio de Seguridad transfiere apenas $9,9 millones mensuales, un monto que se mantiene congelado desde hace 18 meses a pesar de la espiral inflacionaria y el encarecimiento de los combustibles y repuestos.

La inacción provincial desató una fuerte preocupación entre los productores agropecuarios de la zona. Frente a esto, el sector evalúa dos alternativas de contingencia. En primer lugar, se analiza conformar una subcomisión dentro de la Asociación Rural para que los propios productores realicen contribuciones económicas destinadas a reparar los tres patrulleros averiados. En segundo lugar, para el ejercicio 2027, la Comuna no descarta modificar la Tasa de Seguridad que abonan tanto el sector rural como los vecinos del casco urbano para poder sostener el mantenimiento de las fuerzas de seguridad.