La iniciativa para modificar la ley que restringe la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires se convirtió en el principal foco de tensión política en La Plata. De acuerdo con lo que dejaron trascender los medios, Axel Kicillof enfrenta un escenario adverso en la Legislatura, donde las fracturas internas de Fuerza Patria se combinan con el rechazo de las fuerzas opositoras para bloquear el avance del proyecto.

Como ya destacó este medio, la Gobernación aspira a incorporar la discusión dentro del paquete legislativo de fin de año junto con el Presupuesto 2027, pero el conteo actual en ambas cámaras muestra que el kicillofismo está lejos de alcanzar las mayorías requeridas.

En la Cámara Alta, presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, el oficialismo posee sobre el papel una mayoría propia de 24 bancas sobre un total de 46. Sin embargo, las crónicas legislativas señalan que la convivencia interna en el bloque que conduce Sergio Berni, quien mantiene diferencias con el Ejecutivo provincial, dificulta la unificación de criterio.

Todo indica que la bancada oficialista se encuentra fragmentada. Solo cinco senadores responden directamente al esquema de Kicillof (Pedro Borgini, Ayelén Durán, Germán Lago, Jorge Paredi y Fernando Coronel). A ellos se le sumarían 14 legisladores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, un representante vinculado a Juan Grabois (Federico Fagioli) y un senador que actúa de manera independiente.

Por su parte, los tres senadores del Frente Renovador (Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano) rechazan la reforma, alineándose en este punto con los 11 libertarios, los cuatro del PRO, los tres de Hechos (Marcelo Leguizamón, María Emilia Subiza y Natalia Quintana) y la radical abadista Nerina Neumann.

De este modo, aun si el kicillofismo lograra asegurarse los votos del cristinismo y del sector de Grabois, necesitaría negociar apoyos externos, como los tres votos del bloque Unión y Libertad que preside Sergio Vargas, para alcanzar el número necesario en el recinto.

En la Cámara Baja, donde el oficialismo cuenta con 39 bancas y se requieren 47 manos sobre 92 para aprobar una ley, el escenario presenta aún mayores obstáculos.

Por un lado, la negativa reúne a espacios políticos dispares. Los 10 diputados del Frente Renovador ratificaron su postura en contra, recordando su rol en la sanción de la norma original durante la gestión de María Eugenia Vidal. A ellos se suman los 19 legisladores de La Libertad Avanza y los 11 del PRO, quienes desmintieron cualquier tipo de negociación con el Ejecutivo.

En la bancada de Construir (Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard), los tres integrantes manifestaron su rechazo. En el bloque abadista, su titular Diego Garciarena expresó su negativa, mientras que Matías Civale (Evolución) y Silvina Vaccarezza aún no hicieron pública su posición. También se oponen Hechos (dos bancas), la Coalición Cívica (tres), Derecha Popular (dos) y la izquierda (dos).

Cabe destacar que, desde Nuevos Aires (tres bancas) sostienen que la discusión debe darse en el marco de una reforma electoral integral antes de los tiempos comiciales, mientras que Unión y Libertad (cinco) mantiene su postura en reserva.

En la vereda favorable se ubican únicamente los 10 diputados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y eventualmente Cintia Romero, cercana a Juan Grabois. Por su parte, tanto los 19 diputados de La Cámpora como el sector ligado a la Liga de Intendentes evitan blanquear una definición taxativa, advirtiendo que cualquier modificación sobre los mandatos municipales debería integrarse a una negociación política más amplia que incluya el calendario electoral y la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.