La extensa gestión de Fernando Gray al frente de la Municipalidad de Esteban Echeverría vuelve a quedar bajo la lupa por la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la resistencia a garantizar el acceso a la información oficial. A las sanciones aplicadas por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires por fallas administrativas en el ejercicio 2023 se suman las recientes denuncias de concejales opositores, quienes advierten sobre graves obstáculos para auditar en qué y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes del distrito.

El antecedente más contundente figura en el fallo 181/2025 del Tribunal de Cuentas (expediente 3-035.0-2023), acordado el 15 de abril de 2025 y publicado en el Boletín Oficial provincial el 29 de ese mismo mes. Si bien el organismo aprobó formalmente la rendición de cuentas municipal correspondiente a 2023, la resolución dejó en evidencia serias falencias de gestión al imponerle al jefe comunal una multa personal de $1.200.000.

El fallo del órgano de control bonaerense no solo alcanzó a Gray, sino que extendió cargos pecuniarios y disciplinarios sobre la estructura económica y de contrataciones del Ejecutivo local. En este sentido, fueron sancionados el contador municipal, Sergio Alfredo Sambuccetti, con $350.000, y la directora general de Compras y Suministros, Paola Andrea Vázquez, con $240.000.

Por su parte, la tesorera Liliana Mabel Gali recibió una amonestación formal, mientras que los funcionarios Daiana Iturralde, Sebastián Genatti y Analía Heredia fueron objeto de llamados de atención.

Entre las irregularidades fundamentadas por el Tribunal se destacan la falta de publicación completa del Boletín Oficial Municipal, el bloqueo de acceso del Concejo Deliberante al sistema RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal), la rúbrica fuera de término de libros contables, el desequilibrio financiero y el otorgamiento de subsidios con rendiciones pendientes.

Además, la resolución dejó explícitamente asuntos bajo reserva, aclarando que ni el intendente ni los funcionarios alcanzados quedan liberados de responsabilidad patrimonial o administrativa hasta tanto el cuerpo se pronuncie de manera definitiva sobre dichos expedientes.

 

 

 

 

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La falta de transparencia volvió al centro del debate legislativo este 2026, cuando bloques opositores denunciaron la persistencia de restricciones para consultar las cuentas municipales a través del sistema RAFAM y cuestionaron la negativa del Ejecutivo a adherir al Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM).

En ese contexto, la concejala Paula Dobal presentó el expediente 0257/CD/2026, una iniciativa que exige al Departamento Ejecutivo consignar de manera obligatoria en la cartelería de cada obra pública municipal el monto total invertido y el origen de los fondos afectados, la razón social de la empresa contratista adjudicada y los plazos de ejecución y la incorporación de códigos QR visibles que permitan a cualquier vecino acceder de forma directa a las licitaciones, pliegos, certificados de obra, órdenes de pago y avances físicos y financieros.

Aunque el proyecto permanece girado a la Comisión de Legislación sin aprobación definitiva, su sola presentación expone una contradicción central en la administración de Gray, que ya había enfrentado cuestionamientos similares en 2013 por contrataciones vinculadas a proveedores de Almirante Brown. Mientras el gobierno comunal exhibe carteles de obra como vidriera de gestión, los datos esenciales sobre quién cobra cada peso y bajo qué condiciones continúan fuera del alcance público.